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El fiscal general de la ciudad, José Luis Mandalunis, fue sentado ayer en el banquillo de los acusados en la Legislatura porteña. En una reunión especial, diputados de distintos bloques le cuestionaron los operativos de desalojo y decomiso de mercadería contra vendedores ambulantes y artesanos que vienen realizando los fiscales contravencionales. “Están criminalizando la economía informal. No era el espíritu de los acuerdos parlamentarios cuando se votó el Código Contravencional”, lo increpó el kirchnerista Miguel Talento y como ejemplo contó que un fiscal llegó a apelar la devolución de una canasta secuestrada a un vendedor de churros. Mandalunis aclaró que “no hay una guerra santa a los vendedores ambulantes”, señaló que cada fiscal actúa con autonomía y se comprometió a evaluar si corresponde dictar un criterio general para encarar el problema.
El planteo se hizo en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, a la que fue citado Mandalunis. El objetivo del encuentro era analizar la aplicación del nuevo Código Contravencional, particularmente en relación con el artículo 83 referido a la venta ambulante, luego de una serie de procedimientos “represivos” contra puesteros de plazas de la ciudad. El más relevante, pero no el único, fue un violento operativo en la Plaza Cortázar, de Palermo, ocurrido dos sábados atrás. A la reunión fueron invitados también vendedores ambulantes y artesanos, quienes denunciaron que los están tratando “como delincuentes” y que la policía los persigue, y reclamaron que se los deje trabajar. Algunos, incluso, pidieron piedad al fiscal general, con lágrimas en los ojos.
“Apelo a su corazón y su conciencia. Salimos como padres de familia para llevar unos mangos a nuestro hogar. Le digo con todo respeto: pare la mano”, le imploró Vitelio Vilches, de una cooperativa de vendedores ambulantes, y contó que a un compañero suyo le decomisaron “diez correas de perro, le aplican una multa de cien pesos y no le devuelven la mercadería”. Una artesana de San Telmo concluyó: “Si los fiscales no tienen aval político hay que iniciarles juicio político”, y anunció que impulsarán esa medida en el caso del fiscal adjunto Luis Cevasco, al que acusaron de ordenar decomisos en la plaza Dorrego.
Talento defendió a los vendedores informales. Mencionó una serie de procedimientos recientes en los que les decomisaron “cuatro bombachas de distintos colores, dos paraguas de metal, cuatro repasadores, un cajón de madera con atados de espinaca, una bolsa de zanahorias, 26 chipás. Esto es precisamente lo que no queríamos que hicieran los fiscales. Secuestrar 26 chipás no es una intervención relevante”, le planteó Talento a Mandalunis. El fiscal general concurrió a la Legislatura acompañado por su adjunto, Cevasco, y los fiscales de Cámara, Walter Fernández y Verónica Guagnino. Talento le recordó que en el debate legislativo del Código Contravencional hubo un compromiso “de no criminalizar la economía informal”. “Nos preocupa mucho una aplicación de la ley que no coincide con los acuerdos parlamentarios”, indicó.
El artículo 83 considera una contravención la venta ambulante, pero contempla tres excepciones: cuando se comercializa “baratijas”, si se trata de una actividad “de subsistencia” o cuando no constituye “competencia desleal” con el comercio establecido. “Nosotros tenemos que interpretar. Pero no podemos interpretar qué es una artesanía. Si unos vendedores tienen permiso y otros no, los que no están autorizados constituyen competencia desleal con los que sí lo están”, argumentó Mandalunis. Pero Talento le replicó que con esa interpretación lo que está generando es “una guerra de pobres contra pobres”.
La reunión estuvo presidida por Julio De Giovanni, del Partido de la Ciudad. Y participaron los kirchneristas Ana María Suppa, Silvia La Ruffa y Elio Rebot; Héctor Bidonde y Sergio Molina del bloque Del Sur; Paula Bertol y Alicia Bello de Compromiso para el Cambio; Jorge Enríquez, de Juntos por Buenos Aires; y la ex macrista Sandra Bergenfeld.
Molina propuso la suspensión del artículo 83 –y también del 81 sobre prostitución (ver aparte)–. En los antípodas de esta posición se ubicó Enríquez. Aunque no lo explicitó ante la concurrida presencia de artesanos y vendedores ambulantes, ya presentó un proyecto de ley que elimina las excepciones que permiten la venta ambulante, para prohibirla lisa y llanamente en todos los casos. El tema se está analizando en dos comisiones: una convocada especialmente para resolver la situación de los artesanos que no tienen permiso oficial, especialmente en las plazas Cortázar y Dorrego, de San Telmo. La Comisión de Desarrollo Económico, en tanto, estudia una iniciativa del Ejecutivo para reglamentar la venta ambulante. Después de escuchar a legisladores y a los propios afectados, Mandalunis aclaró que cada fiscal actúa en forma autónoma y se comprometió a evaluar si corresponde dictar un criterio general de interpretación de la normativa. “Alguna respuesta va a haber, pero no la puedo dar ahora”, aclaró.