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María Julia Alsogaray pegó el grito en el cielo a través de una carta de lectores escrita en su celda. Y no era para menos. De todas las causas judiciales abiertas por el supuesto uso indebido de los Fondos Reservados del gobierno nacional, durante las últimas administraciones, ella es la única ex funcionaria que fue a parar a la cárcel. Están bajo la lupa la mayoría de los ministros y secretarios de la era menemista, y hasta el propio Carlos Menem, por el manejo irregular de 466 millones de pesos/dólares; el ex jefe de la Side delarruista Fernando de Santibañes; diputados y senadores de los partidos mayoritarios, y hasta el presidente del Banco Central Martín Redrado, pero los expedientes nunca avanzaron.
La condena a la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray por enriquecimiento ilícito declaró la inconstitucionalidad de la ley secreta 18.302, redactada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Sin embargo, el resto de los ministros y secretarios que compartieron el gobierno de Carlos Menem, que –de acuerdo con la carta de María Julia– habrían cobrado, en base a esa misma ley, suculentos sobresueldos mensuales, que iban de los 40 mil a los 100 mil pesos/dólares, tuvo que demostrar su inocencia en un juicio oral, a pesar de que varios de ellos ya pasaron por tribunales para dar algunas explicaciones.
Ayer, el fiscal Paulo Starc le pidió al juez Jorge Ballestero que indagara a Carlos Menem por el cobro de sobresueldos durante su gobierno, cuestión que el propio Menem negó ante el también juez en lo Penal Económico Julio Speroni en una distendida indagatoria. Otro ex ministro menemista, Oscar Camilión, admitió ante la Justicia el cobro de sobresueldos, al igual que Alsogaray, para justificar su patrimonio, pero nunca volvieron a citarlo.
Ninguna de las otras causas desparramadas en los tribunales federales avanzó demasiado y la mayoría está paralizada. María Romilda Servini de Cubría tiene pendiente la causa 1316/04, en la que debería investigarse la suerte de 100 millones de pesos que, según el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, habría recibido la Side por encima de su presupuesto anual y sin control alguno de su destino. La jueza tampoco logró determinar si en otro expediente (4318/02) el actual presidente del Banco Central, Martín Redrado, dilapidó en sobresueldos y gastos personales los fondos reservados que recibía del Ministerio de Economía y de la Secretaría General de la Presidencia, como titular de la Comisión Nacional de Valores en la década del ’90.
El juez Rodolfo Canicoba Corral también tiene algunas viejas causas sin resolución. El pago de coimas, también con supuestos fondos reservados de la Side, que habrían recibido legisladores de distintos partidos para aprobar la ley laboral que impulsaba el gobierno aliancista de Fernando de la Rúa. La otra, 19423/03, involucra a sus propios colegas: el pago de sobresueldos a jueces con dinero de la Secretaría de Inteligencia. Un expediente del que se conoce poco y nada.
Claudio Bonadío debía investigar el pago en negro de sobresueldos a diputados del justicialismo. En la causa que lleva el número 17510/02, Bonadío sobreseyó a Humberto Roggero y, a pesar de que la Cámara ordenó su indagatoria, esta nunca se concretó. Bonadío aún debe resolver cómo el jefe menemista de la Side, Hugo Anzorreguy, facilitó los 400 mil pesos/dólares que recibió el ex detenido Carlos Telleldín para aportar datos en la causa por la voladura de la Amia.
Jorge Urso tampoco avanzó en la responsabilidad de Fernando de Santibañes en el pago, con el interminable dinero de la Side, al publicista estadounidense Dick Morris por una campaña publicitaria partidaria. En el juzgado 3 de Daniel Rafecas se inició la causa por las declaraciones de Fernando de la Rúa según las cuales periodistas cobraban también plata de la Side y en la que el perito contable Alfredo Popritkin determinó que durante la década menemista se evaporaron 466 millones de pesos-dólares en sobresueldos. La Oficina Anticorrupción trabaja en una legislación quepermita controlar los fondos reservados de la Side. Pero todavía la ley no existe y quienes se habrían aprovechado de esa situación siguen libres.