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El 17 de mayo comienza el juicio oral por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Un tribunal de Lomas de Zamora evaluará las pruebas reunidas contra ocho policías, en un proceso que dejará afuera a los responsables políticos del caso. La proximidad de estas audiencias fue ayer el tema central en el puente Pueyrredon, donde como todos los meses los piqueteros hicieron un corte en reclamo de justicia.
Los policías acusados son el comisario Alfredo Fanchiotti, su chofer Alejandro Acosta –ambos por las dos muertes y siete tentativas de homicidio– y seis efectivos de la Bonaerense, quienes están imputados por encubrimiento.
El ex presidente Eduardo Duhalde, su secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, y el ex ministro de Seguridad bonaerense Luis Genoud serán citados a declarar en el juicio oral, aunque podrían pedir el beneficio de hacerlo por escrito. Su presencia en los tribunales responde a la iniciativa de las víctimas y de los familiares, que buscan que la investigación avance sobre quiénes dieron la orden de reprimir.
“Quiero ver a Duhalde en el banquillo de los acusados como imputado por los crímenes y no sólo como testigo”, dijo a la prensa Alberto Santillán, padre de Darío, durante la movilización de ayer.
En el puente manifestaron el Frente Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón y la Corriente Clasista y Combativa. Se cumplían dos años y 10 meses de la masacre. Como sucede desde hace tiempo, debido a diferencias internas los desocupados manifestaron en dos tandas, primero el Frente junto a los familiares de Santillán y Kosteki, más tarde el MTD Aníbal Verón que conduce Juan Cruz Daffunchio y la CCC.
En las audiencias orales también será citado a declarar el actual Presidente. “Cuando Kirchner recibió a los familiares y se comprometió a formar una comisión investigadora, lo que después incumplió, dijo que abriría los archivos del Poder Ejecutivo sobre el puente Pueyrredón, sin importar quién cayera”, señaló Claudio Pandolfi, abogado de las víctimas. “Lo que queremos saber es qué tienen esos archivos, ya que el único que habló de eso fue él. Queremos que nos diga de qué pruebas estaba hablando, porque en el expediente no hay hasta ahora ningún aporte del Poder Ejecutivo.”
El tribunal, agregó Pandolfi, envió a la SIDE un oficio requiriéndole toda la información sobre lo sucedido el 26 de junio del 2002 en relación al asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia “contestaron que con esos datos no podían precisar” a qué se refería el pedido.
En la movilización realizada ayer hubo fuertes críticas al Gobierno por no haber cumplido con su promesa de investigar. “Kirchner priorizó sus idas y vueltas en la interna con Duhalde a costas de la verdad, que podría haber ayudado a conocer más en detalle qué rol tuvo la SIDE en la planificación de la masacre”, sostuvo Alberto Santillán.
En la represión hubo 33 heridos con balas de plomo. Ante ese número, no es posible sostener que lo sucedido fue simplemente producto de un comisario que se volvió loco. Las fotos del accionar policial y los testimonios de los sobrevivientes demuestran que aquel día actuaron dos patotas de la Bonaerense; ambas dispararon con plomo sobre los desocupados. Un tercer grupo tiró abajo la puerta de un local de Izquierda Unida donde los que habían podido escapar trataban de armar un listado de los detenidos. “Ese operativo, y su posterior encubrimiento, no pudo haberse desarrollado sin órdenes políticas”, concluyó Santillán.
El juicio se realizará en el edificio ubicado en Larroque y Camino Negro, de Lomas de Zamora. Estará a cargo de los magistrados Elisa López Moyano, Jorge Roldán y Roberto Lugano. Se estima que se extenderá por varios meses debido a la gran cantidad de testigos prevista. Sólo el comisario Fanchiotti y su chofer están presos. El resto de los policías está enlibertad. Son, en rigor, cinco bonaerenses y un ex policía que a pesar de estar retirado participó de la represión, integrando una de las patotas.