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La Auditoría General porteña había advertido, antes del incendio en Cromañón, sobre “la existencia de irregularidades y falta de controles no sólo en los boliches, sino también en las escuelas, en los hospitales, con los residuos patogénicos y en los geriátricos, pero nunca se hizo nada” para enfrentar el problema. El dato fue aportado por el auditor general porteño, Matías Barroetaveña, al declarar ante la Comisión Legislativa que investiga el siniestro que provocó la muerte de 193 personas. La presidenta de la comisión, Fernanda Ferrero, confirmó que Barroetaveña aportó “una carpeta documentando los pedidos y recomendaciones al Ejecutivo, que nunca fueron atendidos”. Esta tarde, a partir de las 18, los familiares y amigos de las víctimas realizarán una marcha, desde Once hasta Plaza de Mayo, al cumplirse el cuarto aniversario de la tragedia.
Antes de la marcha se realizará una misa en el santuario levantado en la esquina de Bartolomé Mitre y Ecuador. El acto finalizará con una concentración en la Plaza de Mayo, frente a la Catedral, donde hablará la madre de uno de los chicos fallecidos en el incendio. “La marcha unirá a todas las familias y será otra forma de expresión, además de las acciones que estamos llevando a cabo en lo político, ante el Poder Legislativo y en la Justicia”, declaró Ricardo Righi, cuyo hijo murió en el siniestro.
Ante la comisión legislativa que investiga lo ocurrido declaró ayer el auditor general Barroetaveña, quien sostuvo que las autoridades del gobierno porteño “nunca escucharon sus advertencias”, comentó la diputada porteña Ferrero. Según lo dicho por el auditor, “el único organismo que escucha sus reclamos es la Defensoría del Pueblo”, sostuvo la legisladora. Barroetaveña dijo que la auditoría que hicieron sobre las fallas en el área de Fiscalización y Control, por entonces a cargo de Fabiana Fiszbin, “nunca fueron contestadas por las autoridades correspondientes”.
Barroetaveña sostuvo que incluso llegó a solicitar una reunión con el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, pero “nunca fue recibido”. Mientras tanto, el principal acusado en la causa por el siniestro, el empresario Omar Chabán, apeló ayer la decisión del juez Julio Lucini de negarle el pedido de excarcelación que presentó a través de su defensor, Pedro D’Attoli.