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El Normal Nº 9 amaneció ayer con sus puertas cerradas, tras la clausura ordenada por el juez Roberto Gallardo. Ni docentes ni alumnos pudieron ingresar. La sorpresiva medida, efectivizada a última hora del jueves, generó una fuerte polémica. El gobierno porteño la consideró “improcedente” y pidió su nulidad. Además, acusó al magistrado de “enemistad manifiesta” y de actuar sin tener competencia en el asunto. Gallardo justificó su decisión e insistió en que el colegio “no está en condiciones de continuar funcionado” porque en el edificio “existe peligro de electrocución generalizado y de desmoronamiento en algunos sectores, riesgo potencial de incendios y falta de medidas de seguridad para prevenirlos”, según detalló en diálogo con Página/12. “Los problemas existen, pero no tienen dimensión para una clausura”, replicaron en el gobierno porteño que, más allá del cruce con el magistrado, dispuso un refuerzo de las cuadrillas de operarios que ya venían efectuando reparaciones en el establecimiento, para acelerar los trabajos. “Estamos trabajando para que haya clases el lunes”, aseguraron voceros del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, quien está a punto de anunciar un paquete de medidas vinculado con la infraestructura escolar.
Un día antes de la clausura, el defensor adjunto Atilio Alimena efectuó un relevamiento del colegio. Su informe –al que accedió este diario– coincide con el diagnóstico del juez Gallardo en relación con la gravedad de los problemas en la instalación eléctrica, pero no acuerda con el magistrado en la necesidad de cerrar el edificio. “Es necesario destacar que los trabajos referentes a la instalación eléctrica pueden realizarse en etapas y muchos de ellos dentro del horario escolar, de noche o en fin de semana”, señala el dictamen, fechado el jueves. “Se pueden hacer los trabajos sin la clausura de la escuela”, indicó a Página/12 Alimena, principal denunciante en la causa Cromañón contra ex la subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin.
Si el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 no levanta la clausura durante el fin de semana, la Secretaría de Educación se verá obligada a reubicar a los 1200 alumnos de los cuatro niveles –jardín, primaria, secundaria y terciario– que funcionan en el edificio de Callao y Corrientes. En su resolución, el magistrado ordenó al gobierno porteño garantizar “la continuidad del servicio educativo”.
De todas formas, la Procuración General de la Ciudad apeló la medida y pidió su nulidad. “No es la primera vez que este juez se arroga causas que no le corresponden. La situación de los edificios escolares está en manos de otro magistrado del mismo fuero, Fernando Juan Lima, en una causa iniciada hace tres meses por el abogado José Antonio Iglesias (familiar de una víctima de Cromañón), con lo cual Gallardo tendría que haber desconocido el oficio del recurso de amparo”, argumentó la procuradora Alejandra Tadei. El recurso en cuestión fue presentado por la madre de una alumna del Normal Nº 9 en la mañana del jueves, según informó el juez, preocupada por las condiciones de seguridad del inmueble. “Gallardo no tenía ningún interés en solucionar nada, sino en hacer cosas mediáticas. Nunca nos notificó la inspección que realizó y para conocer los fundamentos de la clausura tuvimos que recurrir a un escribano. Esa es una clara violación del derecho a la defensa”, siguió bramando Tadei, en declaraciones a este diario. Gallardo es el mismo juez que le embargó el sueldo a Ibarra en una causa por las familias sin techo alojadas en hoteles porteños. También falló en contra del gobierno en un expediente sobre el casino flotante.
Tadei sostuvo además que el juez Juan Lima pidió informes sobre el Normal Nº 9 a la defensora del Pueblo de la Ciudad y al asesor tutelar Gustavo Moreno, “pero ninguno de los dos evaluó la necesidad de clausurar el establecimiento”, destacó. Según explicó Gallardo, tomó la decisión después de recibir un informe de peritos de la Superintendencia de Bomberos de la Federal que recorrieron el edificio en la tarde del jueves. En ese informe señalaron que el colegio “es riesgoso en razón de la instalación eléctrica y de la potencialidad de incendios”. “En todo el inmueble hay infinidad de instalaciones eléctricas precarias, expuestas al alumnado y absolutamente antirreglamentarias. Las bocas de salida de los hidrantes están sin manguera y, si existieran, tampoco tienen conexión de agua. Y no hay provisión adecuada de matafuegos. Tal vez este aspecto sea el peor”, detalló Gallardo.
En medio de la polémica quedaron los estudiantes. Antes de dirigirse a la concentración en Plaza Houssay con estudiantes y docentes universitarios que marcharon hacia Plaza de Mayo, alumnos del Normal Nº 9 cortaron ayer a la tarde el tránsito en las avenidas Corrientes y Callao, en demanda de un “anexo” para poder seguir estudiando, ante la posibilidad de que no puedan reanundarse las clases el lunes.