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La sede del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), en el barrio de Parque Chacabuco, fue allanado por orden del juez Julio Lucini, en una denuncia paralela que fue incorporada a la causa por el incendio en Cromañón que causó 193 muertes. Los querellantes pidieron a la Justicia que se investigue cuál fue el funcionamiento, el día de la tragedia, del operativo de rescate de las miles de personas que asistían al recital del grupo Callejeros. El cuestionamiento apunta al Centro Operativo de Emergencias (COE), organismo que debe tener, según las normas vigentes, el control general del dispositivo para actuar frente a una catástrofe. El denunciante José Iglesias, abogado y padre de uno de los chicos fallecidos en Cromañón, acusó por “abandono de persona seguido de muerte” a los responsables del COE, encabezados por el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Además del allanamiento al SAME, cuya actuación es cuestionada en la querella, Lucini interrogó a unos 60 testigos, entre funcionarios del servicio médico de emergencia y sobrevivientes de la tragedia. Fuentes judiciales insisten en que, tal como adelantó Página/12, después de los músicos de Callejeros será citado a declaración indagatoria el jefe de Gobierno Aníbal Ibarra.
En las dependencias del SAME, en Zuviría y avenida La Plata, la Justicia secuestró grabaciones de las comunicaciones por radio registradas la noche del desastre, diferentes actas e informes referidos a la actuación que le cupo al organismo, uno de los que se movilizaron la noche del 30 de diciembre de 2004. El principal testigo de cargo es un ex médico del SAME que fue coordinador en la noche del incendio y que denunció, entre otras irregularidades, que “no vio evidencias de la constitución del COE Operativo” en el lugar de los hechos “ni recibió instrucciones que acrediten su existencia” aquella noche.
El tema es analizado también por la Comisión Investigadora Legislativa del caso Cromañón, que esta semana le tomó declaración al director del SAME, Germán Fernández, quien aseguró que todo el operativo se hizo “dentro de las normas previstas”. Fernández reconoció que no hubo coordinación entre los distintos organismos que tuvieron a su cargo las tareas de rescate: el SAME, la Policía Federal y los Bomberos. De todos modos, aseguró que esa coordianación “está dada en los hechos, porque cada uno de los actores sabía qué hacer en la emergencia”.
El testigo, según confiaron a Página/12 fuentes de la Comisión Investigadora, “en todo momento dejó sentado que no había nada que coordinar, porque tanto el SAME como la policía y los bomberos sabían cuáles eran sus responsabilidades y cumplieron lo que había que hacer siguiendo al pie de la letra lo que marca el manual” para actuar ante una catástrofe. Lo único que admitió Fernández fue que “es muy difícil trabajar ante un hecho en el cual había más de 800 damnificados”.
En la denuncia presentada por Iglesias, se hace un serio cuestionamiento al funcionamiento que tuvieron el COE General, conformado por la cúpula del gobierno porteño y los jefes de los departamentos operativos, y el COE Operativo, instalado en el lugar de los hechos. El ex coordinador del SAME sostuvo que en el operativo “no se agrupó a las víctimas según su estado de gravedad”, dividido en “amarillos” y “rojos”, de acuerdo con el sistema de “triage” establecido en las normas. Esa afirmación fue desmentida totalmente por Fernández al declarar ante la Comisión Investigadora Legislativa.
El ex coordinador del SAME aludió en forma reiterada al “desorden imperante” entre los responsables, partiendo del dato de que nunca hubo un vallado policial que facilitara el trabajo sin interferencias al personalque actuó esa noche. Recalcó que el vallado “era primordial para poder organizar el área”. Sin ese recaudo básico, según los denunciantes, los médicos y paramédicos “no tuvieron posibilidad de trabajar de acuerdo con lo que establecen las normas”.