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De los 46 millones de pesos que, según el gobierno porteño, se invertirán este año en infraestructura escolar, casi la mitad (20 millones) son gestionados por las cooperadoras escolares, asociaciones civiles conformadas por padres en cada escuela. De ellos depende, en la mayoría de los casos, resolver prioridades de obras y mantener los edificios en condiciones. Pero las cuotas presupuestarias para esas obras, tal como están planteadas, no llegan a cubrir las demandas de las escuelas con mayor deterioro edilicio: alcanzan sólo para cuatro o cinco establecimientos por distrito escolar, donde conviven entre 20 y 30 escuelas, muchas de ellas con graves falencias. Para atender la actual emergencia, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, dictará un decreto destinado a agilizar los procesos de ejecución de obras, que hoy superan largamente el año, según pudo saber este diario en consultas a distintas escuelas. En ese mismo sentido, el defensor adjunto del pueblo, Gustavo Lesbegueris, presentó un proyecto de ley para “acelerar los tiempos de refacción” de 70 escuelas que presentan deficiencias importantes en materia de seguridad.
El sistema de mantenimiento de escuelas está organizado a partir de la distribución de subsidios a las cooperadoras, que son las que se encargan de ejecutar los trabajos. Cada una recibe, en promedio, cuatro cuotas de 4000 pesos, que son destinados para tareas menores: cambio de lámparas, cerraduras, calefacción, etc. Para los trabajos mayores, como impermeabilización de techos, recambio de instalaciones eléctricas o cañerías obsoletas están los subsidios que se distribuyen mediante la Comisión Distrital de Cooperadoras (Codico). Son cinco cuotas anuales de 50.000 pesos por distrito que únicamente alcanza a algunas escuelas, elegidas por votación entre los representantes de las 20 ó 30 de la zona. “Hay que elegir, a veces, entre el que tiene riesgo de electrocución o el que tiene los baños a la miseria”, dice a este diario el presidente de una de las cooperadoras.
Para Lesbegueris, el sistema debe ser reformulado porque “no está pensado para atender situaciones de emergencia edilicia”. Por lo pronto, fuentes de la Secretaría de Educación adelantaron que “Ibarra dispondrá por decreto nuevos procedimientos para acortar plazos de licitaciones y ejecución de obras”.