SOCIEDAD
La Corte de Estados Unidos prohibió la marihuana para uso terapéutico
Para el Tribunal Supremo, el uso de la marihuana es un delito aun en los diez estados cuya legislación permite su uso medicinal. El caso se inició con la demanda de dos mujeres californianas que consumían la sustancia por prescripción médica.
Por Javier del Pino *
Desde Washington
El Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció ayer, por seis votos contra tres, que el cultivo limitado o el consumo de marihuana con fines terapéuticos es un delito incluso en los estados cuya legislación lo permite. El caso tiene su origen en la demanda de dos mujeres californianas que consumían marihuana con prescripción médica para aliviar el dolor de sus enfermedades; el gobierno de George W. Bush recurrió la sentencia estatal que daba la razón a las pacientes y ha logrado que el máximo tribunal prohíba lo que diez estados permitían.
El caso era políticamente contradictorio para el Tribunal Supremo, cuya mayoría conservadora siempre trata de imponer una cesión de soberanía judicial a los tribunales de los estados. Ayer decidieron lo contrario, al establecer que las leyes federales que consideran un delito el cultivo o consumo de marihuana están por encima de las leyes estatales que lo permiten en diez estados, incluso cuando el fin es combatir el dolor en pacientes con enfermedades terminales o incurables. Esas leyes habían sido aprobadas en Alaska, Colorado, Hawai, Maine, Montana, Nevada, Oregon, Vermont, Washington y California, en algunos de ellos después de un referéndum.
Según el Supremo, cultivar y consumir marihuana en cantidades diminutas para el uso propio como analgésico es un delito, incluso aunque el producto no se comercialice ni cruce nunca la línea fronteriza entre dos estados. El magistrado John Paul Stevens, redactor de la sentencia, parece sugerir que el tribunal no se opone al concepto en sí del uso de marihuana con fines médicos, sino a la supeditación de las leyes de los estados a las federales, e indica que la decisión puede cambiar si cambia la legislación en Washington, “porque por encima de las vías legales está el proceso democrático, en el que las voces de quienes apoyan a los pacientes (que usan marihuana) se pueden escuchar algún día en los pasillo de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos”. Semejante cambio legal es altamente improbable con la composición actual del Capitolio, de sobrada mayoría republicana.
Stevens también indica que el cultivo de marihuana, aunque sea reducido y personal, puede hacer que “personas sin escrúpulos” aprovechen las exenciones legales de esos 10 estados “para fines comerciales”. El caso se inició con la demanda de dos mujeres californianas que buscaron protección legal para cultivar y usar marihuana. Angel McClary Raich fumaba marihuana para aliviar los dolores de un tumor cerebral inoperable y una enfermedad degenerativa; Diana Monson, porque sufre dolores crónicos de espalda y espasmos musculares por una enfermedad en su espina dorsal. Una cultivaba su propia marihuana en cuatro macetas y a la otra se la proporcionaban sus enfermeros hasta que agentes federales registraron sus domicilios y requisaron el producto. Todas las sentencias fueron dando la razón a las dos mujeres, hasta ayer: “Ahora sólo me falta esperar a que me detengan”, dijo Monson.
La sentencia del Tribunal Supremo es una victoria personal del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que movilizó al Departamento de Justicia contra las decisiones de los tribunales inferiores. El Tribunal de Apelaciones de California había establecido que el cultivo de marihuana para uso personal con fines terapéuticos estaba exento de la persecución establecida en las leyes antidroga. El gobierno de Estados Unidos recurrió esa decisión ante el Supremo y trató de demostrar en la vista oral que la marihuana, sea cual fuere su cantidad o su finalidad, es una droga cuya mera existencia es punible.
Según el Departamento de Justicia, legalizar la marihuana para fines médicos entorpecería la lucha contra el tráfico y extendería el uso a más de 100.000 pacientes sólo en California. Los abogados de las dos mujeres trataron de convencer a los jueces de que esas cifras eran disparatadas porque el uso médico es extremadamente controlado.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.