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Los gritos contra Carlos Ruckauf durante el entierro de su custodio fueron la antesala de este proyecto que ayer se convirtió en ley. Ese sábado 6 de abril, Eduardo Duhalde, sensible a las presiones, prometió la sanción de una ley de cortesía: desde el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto para modificar el artículo 80 del Código Penal y castigar con reclusión perpetua el homicidio de un policía. El 24 de abril, el proyecto había conseguido media sanción en Diputados y ayer, los senadores más comprometidos con las políticas de mano dura terminaron convirtiéndolo en ley. Una ley con similares características estuvo en vigencia en el país durante la dictadura militar y fue Ruckauf quien volvió a impulsarla en el 99 durante su campaña de gobierno. La aprobación del Senado estuvo sembrada de críticas de todos los sectores, excepto de los peronistas. Para Eduardo Menem, la ley es como el Borda: “Es necesaria en medio de tanta locura que hace que se mate a un policía sólo por serlo”.
El Senado tenía buen plafón para sacar la ley. Como pocas veces, los voceros de la Policía Federal se pasaron la semana distribuyendo informes con las estadísticas de sus muertos. De acuerdo con esas cifras, cada tres días muere un policía Federal o Bonaerense, la mayoría mientras está fuera del servicio. La información también fue introducida con habilidad en uno de los discursos pronunciados ayer en el Senado. A tono con su compañero de bancada, la justicialista Mabel Müller, de la provincia de Buenos Aires, recordó los datos para darle un carácter social y no político a la enmienda: “El tema fue impuesto por la sociedad”, decía acalorada desde su silla.
Hasta ahora, la ley castigaba la muerte de un policía como la de cualquier mortal. Las penas podían elevarse hasta 25 años de prisión. Con la modificación del inciso del artículo 80 del Código Penal, la reclusión perpetua se impone como norma para los autores de la muerte de un policía en ejercicio de sus funciones, o franco de servicio o de licencia.
La historia de la nueva disposición tiene antecedentes claves. Después de la vigencia durante la dictadura, Ruckauf propuso una versión parecida durante su campaña a gobernador en un proyecto que pretendía elevar las penas “de los autores de homicidios de personal de seguridad”. El proyecto que ayer se convirtió en ley fue presentado por primera vez en 2000 por un diputado radical mendocino: Víctor Fayad. Aquella vez, Fayad no encontró aire para llevar adelante la iniciativa. Sólo en enero de este año tuvo un espacio para reflotarla, cuando Duhalde le encomendó un sondeo de rigor al entonces jefe de gabinete, Jorge Capitanich.
Tal vez por eso ayer era uno de los más entusiasmados. Con el voto emitido ahora desde su banca de senador cerraba el círculo que él mismo había iniciado. Desde su lugar justificó el voto como un remedio final para la crisis.