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“Ya participé en un concurso para el juzgado federal 12 que estuvo totalmente manejado, en el que ganó Sergio Torres. Este año cuando me fui a anotar en otro me pidieron que pague un arancel. Cuando vi lo del papelito de Raúl Alfonsín dije basta. Si siguiera concursando sería cómplice.” Miguel Radrizzani Goñi, abogado penalista, explicó así a Página/12 por qué retiró ayer su postulación para otro juzgado federal. En un escrito denunció maniobras en la designación de jueces tanto en el Congreso como en el Consejo de la Magistratura. También hizo a comienzos de mes una denuncia penal que instruye María Romilda Servini de Cubría. En el Consejo dicen que las quejas del letrado responden a un “capricho”.
“La terna de candidatos que el Consejo elige se remite al Poder Ejecutivo, que ejerce su facultad discrecional política que le da la Constitución para elegir uno. El Senado también puede hacer una nueva valoración”, dijo a este diario Eduardo Orio, titular de la Comisión de Selección de la Magistratura. “La selección que se hace en el Consejo es meramente técnica”, añade. Tanto Orio como el consejero Diego May Zubiría coincidieron en decir que Radrizzani Goñi estaría “encaprichado”.
En su renuncia el abogado dice estar motivado por “el lamentable espectáculo senatorial de mostrar el procedimiento que la clase política ha adoptado para la designación de los jueces”, aludiendo al episodio en el que Alfonsín fue fotografiado leyendo una notita que sugería cajonear el pliego de Guillermo Antelo, finalmente elegido ayer por el Senado como camarista Civil y Comercial. Radrizzani Goñi alude también a declaraciones públicas de Orio, quien sostuvo que “para llegar a ser postulante hay que tener conocimientos, pero para que lo designen juez hay que tener banca”.
“En el concurso que ganó Torres se rompieron todas las reglas y sé que estuvo manejado por Fernando De Santibañes y por José Luis Manzano. Lo denuncié penalmente. En el otro concurso para juez federal en que me presenté, me enteré de que ya hay candidatos puestos y cuando me anoté para la Cámara Federal de La Plata me pidieron un arancel, algo que prohíbe la Constitución”, explicó Radrizzani Goñi. Su presentación también alude a “la denuncia efectuada por el juez Martín Silva Garretón” por irregularidades en el concurso para camarista en el que participa. El abogado advierte que “se otorga igual puntaje a quienes fueron magistrados o funcionarios de la dictadura militar respecto de los que no lo fueron, pese a que el reglamento establece distinciones”.
En el Consejo dicen que son libres de arancelar y que lo hicieron (10 pesos para concursar) porque no les alcanza la plata. Cualquier ardid político, dicen, corre por cuenta del Ejecutivo y el Congreso. “El sistema debería cambiar –dice May Zubiría–. El Consejo debería elegir un candidato directamente y que el Congreso resuelva, todo en audiencias públicas.”