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“Negamos terminantemente haber cometido ningún acto punible... En particular, negamos cada una de las afirmaciones vertidas en el sumario que no estén expresamente reconocidas...” Como se ve, el Fondo Común de Inversión 1784, de BankBoston, rechaza haber perjudicado a sus cuotapartistas en 136.480 dólares mediante una compra de Letes con sobreprecio, efectuada precisamente al Boston el 28 de setiembre de 2001. Como informó Página/12 el pasado 11 de mayo, el órgano regulador del mercado de capitales sumarió a directivos y síndicos de 1784 tras establecer, con el auxilio de telefonemas grabados, un trámite irregular en la referida operación, efectuada a un precio superior al ofrecido por el Banco Nación.
“El Estado, que nos obligó a comprar lo que nuestros clientes no querían (las mencionadas Letras de Tesorería), nos acusa de haber perjudicado a nuestros cuotapartistas en 136 mil dólares, cuando él los despojó de 70 millones, porque luego se declaró en default”, contraatacó María Laura Tramezzani, presidenta del FCI, en diálogo con este diario. Por lo demás, ella sólo reconoce un sobreprecio algo superior a los 30 mil dólares, porque las normas permitían pagar hasta 100 puntos básicos (1 por ciento) por encima del precio del mercado primario.
De hecho, las Letras en cuestión vencieron el 18 de diciembre del año pasado y el 15 de marzo del actual, y no fueron honradas por el Tesoro. Sin embargo, no muy diferente resultó la conducta del propio BankBoston, si se considera que un 16 por ciento de la cartera del FCI 1784 estaba conformado por plazos fijos constituidos en esa entidad y atrapados en el corralito. Tramezzani aclara, sin embargo, que el Fondo Común que dirige interpuso el 21 de febrero una acción de amparo con pedido de medida cautelar, planteando la inconstitucionalidad del corralito y la pesificación forzosa.
Lo insólito de la situación es que si el juez Guillermo Rossi, en cuyas manos cayó este amparo, hubiese querido emular a su colega Martín Silva Garretón, el Boston habría recibido la visita poco amigable de oficiales de Justicia para recuperar por las buenas o las malas los fondos aprisionados. No obstante, Tramezzani aseguró a este diario que ella le anticipó a Manuel Sacerdote, presidente del Boston, la acción judicial que se aprestaba a iniciar.
–¿Y él qué le dijo? –quiso saber Página/12.
–Comprendió que la obligación legal del fiduciario es proteger el dinero de los cuotapartistas y se mostró en un todo de acuerdo.
–¿Y entonces por qué no denunció él también el corralito?
–Eso no puedo responderlo yo. En todo caso, un Fondo sólo administra el dinero de los clientes, mientras que un banco se los debe.
En cuanto a la razón para no haberle comprado las Letes al Nación, pese a su menor precio, la responsable de 1784 afirma que el BNA no figura en la nómina de contrapartes con que opera ese Fondo. Como la contestación no parece muy satisfactoria, añade que el banco oficial no cumple con el requisito de operar con la modalidad conocida como DVP, es decir, Delivery versus Payment, o entrega contra pago. De hecho, en la cuestionada operación, el BNA tardó un día en entregar los papeles. Lo cierto es que ahorrarse esa tardanza y el presunto riesgo implícito les costó muy caro a los cuotapartistas y le prodigó un buen negocio al controlante BankBoston. “Dejamos planteado el caso federal por arbitrariedad manifiesta de la Resolución (de la CNV) y por violación al principio de libertad para comerciar libremente...”, dicen Tramezzani y los abogados Marcos Benegas Lynch y Juan Cambiaso en su réplica a la Comisión, a la que por su lado reprochan no haberse opuesto a las disposiciones del BCRA.