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El Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes denunció ayer un incremento de casos de violencia policial contra chicos y adolescentes en la ciudad. A principios de año, el organismo que preside María Elena Naddeo había alertado sobre detenciones de chicos en la calle por ser pobres y mendigar. Ahora advirtió que se trata de “jóvenes de clase media en los barrios”. Según destacó, desde el fin de semana pasada ocurrió una veintena de casos en el ámbito de diferentes comisarías porteñas. Hoy se hará pública la denuncia en el marco del Foro por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Buenos Aires, que integran entre otros el Comité de Seguimiento que preside Estela Carlotto. El foro sesionará hoy en la Legislaturta porteña.
Como ejemplo de la denuncia, los abogados del Consejo señalaron un caso ocurrido ayer minutos antes de las 13, en la esquina de Brasil y Piedras. Una veintena de policías de la comisaría 16ª, varios de ellos armados con escopetas, detuvieron a un chico de 13 años y a su primo de 17, cuando según testigos del barrio acompañaban a la escuela a sus dos hermanitos y según la policía trataban de robar a un taxista. Según testigos, les dieron una paliza brutal en plena calle. La hermana de uno de los chicos, de 19 años y embarazada, se lanzó sobre los policías para defenderlos pero fue golpeada y esposada, la encajaron en un patrullero y se la llevaron como parte de la banda. De acuerdo al relato de los abogados, no sólo arrojaron a los tres chicos en calabozos que nunca deberían haber pisado (debían haber sido enviados ante el juez de turno), sino que los mantuvieron incomunicados, sin permitir a la madre que los viera tras las rejas. Ocho horas más tarde, la policía recibía la orden de la demorada jueza de turno de liberar a los primos y a la hermana embarazada.
“Hay una persistencia policial en las detenciones de chicos desde principios de año”, dijo a Página/12 María Elena Naddeo, titular del Consejo. La persistencia no hace distinciones pero, de los datos que ofrece Naddeo parece surgir que hay comisarías que parecen cumplir con mayor dedicación su misión: a principios de año, la 1ª, 3ª, 7ª, 16ª y 34ª hicieron más méritos que otras en levantar a su manera a chicos de la calle.
“Pero en los últimos quince días –agregó Naddeo–, las detenciones ya no son sólo de chicos en situación de calle sino de adolescentes de familias de clase media, que viven en los barrios.” Como en toda actividad, en este nuevo método no todos los azules son iguales. Algunas comisarías hacen más que otras: la 40ª, la 12ª y la 16ª. Aunque no se trate de hacer diferencias, la casualidad o el azar ponen en el vértice a la 16ª. Es precisamente la comisaría de San Juan y San José, a cargo del comisario Elías, a la que le tocó en suerte intervenir en el hecho que motiva esta nota.
El principio de la historia surge de boca de testigos del colegio Santa Catalina, de un grupo perteneciente al Servicio de Paz y Justicia de Adolfo Pérez Esquivel, de vecinos y de los abogados del Consejo: “Un taxista golpeó con su vehículo a un chico de 17 años que iba con su primo y dos hermanitos a la escuela –señaló uno de los testimonios–. El chico le pidió al taxista que lo llevara al hospital pero el taxista se negó y le ofreció 20 pesos para que se fuera. El chico se negó y se quiso subir al auto, se agarró de la puerta. El taxista, entonces, se dirigió a un policía que estaba en la esquina, y éste dio el parte.”
La 16ª no se hizo esperar. Dos patrulleros llegaron primero y otros más, al rato. Aunque los testigos dicen que no le vieron más la sombra al taxista, el comisario Elías aseguró a este diario que “presentó la denuncia y se abrió una causa por tentativa de hurto, resistencia a la autoridad y daños agravados”. El desarrollo de los hechos abrió una de entre tantas dudas: si estaban intentando robar al taxista, por qué esperaron que el taxista fuera a hablar con el policía de la esquina y éste pidiera refuerzos que tardaron como mínimo treinta segundos.
La resistencia a la autoridad y los daños agravados tiene como víctimas a unos veinte forzudos armados y como imputados a los primos de 13 y 17 y a la hermana de 19 embarazada. Para dominar tanto desnivel en la balanza, los uniformados debieron echar mano a todas sus artes: “Los tenían boca abajo, contra el piso, con las manos esposadas y levantándoselas en palanca hacia arriba –dijo uno de los vecinos–. Los chicos aullaban tanto que la gente que empezó a rodear a la policía comenzó a decir que basta, que no les pegaran más. La hermana, que vino corriendo, se tiró contra los policías y la agarraron del cuello, primero la estamparon contra la pared, le entraron a pegar en el estómago y después la metieron en el patrullero. Uno de los chicos no quería que lo metieran en el patrullero y empezó a patalear y terminó rompiendo el vidrio”.
Una “esquirla” –como la definió Elías– del vidrio provocó “escoriaciones” a uno de los azules. “No tenía nada –replicó un testigo–. Yo vi cuando venía la ambulancia policial y se lo llevaban y no tenía nada. Es para justificarse como víctimas.”
Ninguno de los protagonistas niega que hubo brutales golpes. Pero de quien sea la versión difieren las víctimas, los dos primos y la hermana embarazada o dos de los veinte fornidos policías. Luego, siguió la detención. “Según la Convención de los Derechos del Niño –aseguraron los abogados del Consejo Diana Gondra y Camilo Montalto–, aunque se los detenga in fraganti, un chico debe ser enviado directamente ante el juez, sin pasar por ninguna comisaría.” Hasta las nueve de la noche, hora en que este diario se comunicó con el comisario Elías, la jueza de menores de turno, María Eugenia Sagasta, no había tomado decisión y esperaba los antecedentes mientras los chicos esperaban en los calabozos. Alrededor de las 22, la información oficiosa decía que Sagasta había preferido tomar declaración a los chicos recién durante la mañana. Un par de horas después, decidió devolver a sus casas a los dos primos y a la hermana embarazada.