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En marzo pasado, este diario dio cuenta de la denuncia de una serie de organizaciones sociales y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en torno de un notable incremento de detenciones por parte de la Policía Federal de chicos menores de edad, en su mayoría en situación de calle o en estado de abandono. Es decir, por ser pobres. Las quejas por parte de las entidades apuntaban a la metodología de los uniformados, en ocasiones avalados por algunos fiscales contravencionales. Un caso emblemático fue el de un niño de dos años que terminó en la comisaría. Había estado en la calle Florida con sus hermanitos que mendigaban.
La policía y la fiscalía adujeron entonces que se trataba de proteger a los chicos. Desde las organizaciones y el Consejo se insistió en que ningún niño puede ser llevado a una comisaría por ninguna razón. Aunque esté en conflicto con la ley. Las personas menores de edad, en ese caso, deben ser trasladadas ante un juez y será el magistrado el que decida su destino. Tras aquella denuncia, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ordenó a la policía que en ningún caso se tuviera a chicos menores de edad en comisarías. El comisario de la 16ª no parece haberse enterado.