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Abandonada por su necessaire y visiblemente ofuscada, la jueza de menores 3 de Morón, Clementina Landolfi, fue aprehendida por la policía por rebeldía ante la Justicia y llevada a declarar a la fuerza y en patrullero hasta el despacho de la fiscal general adjunta de esa localidad, Rita Bustamante. Paradójicamente, Landolfi había sido citada en una causa en la que es denunciante de un complot judicial en su contra. Su apellido alcanzó las luces de neón vinculada a la causa contra el cura Julio Grassi, lo que le valió un jury de destitución por encubrimiento, actualmente en trámite. El viernes pasado, Landolfi esquivó la citación saliendo de su juzgado por la puerta trasera. El lunes, se escabulló por una puerta lateral de una vecina. Ayer, desistió cuando sólo le quedaban ventanas.
Landolfi quedó mezclada en la causa de abuso de menores agravado, corrupción de menores agravada y amenazas coactivas que se le sigue al cura Julio Grassi: fue acusada de haber tenido participación en la retractación trucha de Ezequiel, uno de los jóvenes que denunciaron al cura. Según esa acusación, la jueza participó de una reunión en su despacho con uno de los defensores de Grassi, Miguel Angel Pierri, y recibió una copia de la retractación trucha para difundir entre los medios, aunque su juzgado no tenía ningún tipo de incumbencia en el caso. El juzgado de garantías a cargo de la causa contra Grassi pidió a la Suprema Corte bonaerense que se iniciara un jury para destituir a la jueza.
La Suprema abrió un expediente de jury que actualmente tramita en el área de la Procuración General. Casi como respuesta, Landolfi presentó ante la Justicia una denuncia contra la propia Justicia: acusó al fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate; a la actual adjunta y por entonces fiscal 7, Rita Bustamante; al fiscal José De los Santos; a la jueza de menores Cecilia Drago, y al asesor de menores, Daniel Zacoro, por complotar en su contra. Casualidad o no, los supuestos comploteros son los mismos que de un modo u otro activaron la causa contra el cura.
La Corte abrió un sumario para investigar tamaña denuncia y ordenó que la jueza fuera citada para declarar todo lo que sabía sobre el complot moronense. Simultáneamente, los recursos que Grassi presentaba recorrían todos los escalones judiciales. Curiosamente, en el mismo tono megalómano de Landolfi, en diciembre pasado, Grassi recurría a la idea de que él no podía ser enjuiciado por jueces y recusaba a todos los magistrados de la provincia para reclamar un juicio con jurado popular, tan terrenal como aquél pero con más llegada al corazón. El reclamo pasó primero por el Tribunal Oral 4 de Morón (que llevará a cabo el juicio oral), que lo rechazó; siguió por la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones, que también lo rebotó; con la misma suerte siguió por la Sala 2 de Casación; fue rechazado por “audaz e inadmisible” por la Suprema Corte y, en agosto pasado, la Corte nacional consideró que ni siquiera tenía sentido tratarlo. Grassi volvió a insistir con el mismo pedido y ya recorrió los mismos escalones con la misma suerte. Pero esta vez, la Suprema Corte le cerró el camino de apelación ante la Corte nacional. Sólo con un recurso de queja podrá llegar. Y todo indica que lo hará. “De haber sido un acusado común, Grassi ya estaría condenado hace rato”, dijo a este diario el abogado querellante, Juan Pablo Gallego.
Un camino semejante siguió la denuncia de complot de Landolfi. Pero diferente. Página/12 publicó, a fines de octubre de 2004, una denuncia presentada por un grupo de Familiares de Víctimas de la Inseguridad ante la corte provincial, en la que señalaban a la jueza intentando utilizarlos en la organización de marchas para desprestigiar a miembros de la Justicia moronense, los mismos que conforman la lista negra de Grassi.
La denuncia derivó en un sumario abierto por la Corte. El tribunal envió peritos que detectaron en la computadora de la jueza escritos en formato de gacetilla de prensa y discursos para la marcha. Landolfi contraatacó: incluyó a los peritos de la Corte como parte del complot. Ahora, la jueza resultó presa de sí misma. La fiscal Bustamante aceleró el trámite y citó a Landolfi para dar detalle del complot. Primero, con delicadeza. Después, con una citación a su despacho, el pasado viernes 16. Landolfi, enterada de la postura desfavorable en la Corte, intentó esquivar su propia denuncia. Salió por la puerta trasera. El lunes 19, le enviaron un patrullero a la casa. Pero se escurrió por la puerta de una vecina y apareció en la Suprema Corte, en La Plata, presentando un hábeas corpus de sí misma. Ayer, finalmente, se entregó a la policía para que la llevaran a declarar por su denuncia de complot. Durante tres horas habló ante Bustamante. Según fuentes del caso, para apoyar sus dichos Landolfi pidió dos testigos supuestamente a favor: el periodista Rolando Graña y la conductora Mirtha Legrand.