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El juez federal Ariel Lijo intenta remontar la causa sobre las irregularidades en el contrato del gobierno de Carlos Menem con la empresa Siemens para la confección de los DNI. Por eso llamó a indagatoria al ex subsecretario de Población Aldo Carreras y a tres directivos de la firma alemana. El próximo paso en la investigación será la citación como sospechosos del propio Menem y del ex ministro del Interior Carlos Corach.
Varios de estos personajes ya habían sido llamados a indagatoria un año atrás por el juez Jorge Ballestero, cuando estaba transitoriamente a cargo de la causa. Sin embargo, a pedido de uno de los imputados, la medida fue suspendida. La Sala II de la Cámara Federal intervino y señaló que no había motivo para no hacer los interrogatorios. Una vez que Lijo –nombrado a fin del año pasado– asumió en el juzgado retomó el caso. Además de Carreras, tendrán que declarar José Alberto Ares, Juan Carlos Denicolay y Rubén Slame (directivos de Siemens los tres) y Daniel Domínguez, representante de Mailfast, una compañía distribuidora cuya inclusión en el acuerdo quedó cuestionada. Todos deberán presentarse a mediados de noviembre.
El principal delito que se investiga es el de fraude contra la administración pública. El gobierno de Menem, en 1998, había acordado con Siemens la impresión de 24 millones de documentos de identidad a 30 pesos por unidad, pese a que otras firmas ofrecían precios hasta cinco veces más bajos. Esta anomalía fue detectada y denunciada en un comienzo por la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Las sospechas en el expediente, según surge del llamado a indagatoria, apuntan a “la fijación en el contrato de cláusulas perjudiciales para los intereses estatales”, “las ilegítimas restricciones a la posibilidad de que otras empresas pudieran ofertar” (lo que habría desvirtuado la licitación) y “la posible utilización de documentación irregular por parte de Siemens para poder cumplir con las condiciones fijadas en el pliego licitatorio”.
En la Oficina Anticorrupción (OA), que analizó el tema, calculan que si el trato avanzaba el perjuicio para el Estado hubiera sido de 1000 millones de pesos aproximadamente.
El gobierno de Fernando de la Rúa fue el encargado de rescindir el contrato. Ares y Slame deberán responder al juez también por la “presunta actitud fraudulenta” en la renegociación que trataron de llevar a cabo en 2001 donde habrían buscado convencer “a la nueva gestión” de que “el número de renovaciones de DNI garantizadas era de 47.000.000”, una cifra muy superior a la proyectada como posible. Siemens demandó con posterioridad al Estado argentino ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.