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El procurador general de la Nación, Esteban Righi, exoneró a la secretaria de la fiscalía general de Resistencia, Ana María Torres, por considerar que “colaboró directamente con la estrategia de la defensa” de los represores imputados en la Masacre de Margarita Belén, la matanza en la que fueron asesinados 22 presos políticos en diciembre de 1976. “No sólo no respetó el mandato constitucional de tutela de la legalidad que reposa en la cabeza de todo integrante del Ministerio Público, sino que además comprometió seriamente la responsabilidad del Estado argentino en una causa de trascendencia institucional, en la que se investigan delitos que se presentan en colisión con derechos esenciales de la persona humana.”
La denuncia contra Torres fue realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el apoyo del H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) del Chaco después de que en el 2003 la Cámara Federal de Resistencia hiciera lugar a un pedido de habeas corpus y ordenara la libertad de diez represores detenidos, entre los que había tres militares en actividad. El organismo no impugnó sólo la actuación de esta funcionaria, sino que avanzó sobre una serie de complicidades de jueces y fiscales del Chaco con los perpetradores de la Masacre de Margarita Belén.
Los camaristas que liberaron a los presos fueron Tomás Inda, María Beatriz Fernández y Diómedes Rojas, quien falleció. El CELS señaló que era incorrecto tomar una decisión como ésa en un trámite de habeas corpus. Además de las consideraciones técnicas, el organismo de derechos humanos destacó que Inda ya era integrante de la Cámara Federal de Resistencia en los años de la última dictadura y, en ese momento, no investigó la muerte de Carlos Salas, uno de las víctimas de los fusilamientos de diciembre de 1976, quien tenía una causa judicial abierta ante su tribunal. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura debe resolver en los próximos días si abre el juicio político contra Inda y Fernández.
Pero los funcionarios judiciales que están más comprometidos con los asesinatos de Margarita Belén son los fiscales chaqueños Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni. Ambos fueron denunciados directamente como cómplices de la masacre y de haber participado en sesiones de tortura. En 1976 eran, respectivamente, secretario de juzgado y fiscal del magistrado que intervino en el expediente de la masacre y fue funcional a la versión militar que aseguraba que se había producido un intento de fuga mientras los presos eran trasladados desde la alcaldía del Chaco a Formosa.
Cuando en el 2003 se reactivó la causa y fueron detenidos diez militares, Flores Leyes y Mazzoni se inhibieron de intervenir en el hábeas corpus presentado por la defensa, pero dejaron que participaran sus subordinados Ana María Torres y Carlos Sanserri. El CELS e H.I.J.O.S. denunciaron a Flores Leyes, Mazzoni, Torres y Sanserri. Los dos primeros están siendo sometidos a una investigación dentro de la procuración que podría derivar en un jury de enjuiciamiento. Pero Torres y Sanserri no son fiscales, sino secretarios, es decir, empleados del Ministerio Público, y por lo tanto, el trámite de su remoción es más sencillo: depende de una decisión del procurador.
Luego de recibir una investigación realizada por el fiscal general ante la Cámara Federal de Corrientes, Germán Weins Pinto, Righi consideró que la intervención de Sanserri no había perjudicado la marcha normal de la causa. No ocurrió lo mismo con Torres. El procurador concluyó que la secretaria de la fiscalía general ante la Cámara Federal de Resistencia debía ser exonerada. Para tomar esa decisión tuvo en cuenta que:

- La funcionaria debió excusarse de intervenir en el pedido de hábeas corpus planteado por la defensa de los militares porque en el expediente de Margarita Belén estaba imputado quien había sido su superior jerárquico durante once años. Como agravante, consideró que Torres sí se apartó en otra causa contra otro fiscal –Jorge Auat, que impulsaba la investigaciónde Margarita Belén y fue denunciado por insistir con el pedido de detención contra los represores– con el argumento de que su relación con este funcionario –más lejana que la de Mazzoni– podría afectar su “ecuanimidad de criterio”.

- Torres actuó de manera contraria a derecho porque no correspondía que los represores recuperaran la libertad a través de un recurso de habeas corpus. Si bien los camaristas podían haber ignorado su opinión, ocurrió lo contrario: se basaron en ella para excarcelar a los acusados y paralizar el expediente. El procurador consideró que, más allá de la medida tomada por el tribunal, la fiscal quiso perjudicar deliberadamente la causa y contribuyó a la estrategia de la defensa.

- La conducta de la fiscal comprometió la responsabilidad del Estado argentino porque los delitos investigados en la causa principal “se presentan en colisión con derechos esenciales de la persona humana” y por lo tanto constituyó “una falta grave” que perjudicó “moralmente” al Ministerio Público.