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Con el voto adverso del Banco de Galicia y la abstención de los trabajadores, la asamblea extraordinaria de Aguas Argentinas votó ayer “iniciar la terminación del contrato”. Aunque el pronunciamiento fue planteado como una “ratificación” de lo propuesto días atrás por el directorio de la privatizada, los términos en que la empresa difundió la decisión a través de un comunicado dejan algún resquicio para que no se lo vea como un final drástico y belicoso. Ahora se abren incógnitas sobre el futuro de la prestación de este servicio en la zona más poblada del país y de los términos de una eventual transición, que permita transferir la compañía desde el grupo liderado por Suez hacia otras manos. Para la adjudicataria, ese intervalo no tendría por qué extenderse un año.
El comunicado con el que Aguas Argentinas dio a conocer lo resuelto por la asamblea fue escueto y algo ambiguo. Excesivamente cuidado en los términos. Inspirado en el afán de no tensar más la relación con el Gobierno. “Asimismo, la Asamblea ha instruido al directorio examinar con las autoridades argentinas las modalidades prácticas para organizar una transición ordenada a los efectos de preservar la continuidad del servicio y el interés de los empleados de la empresa”, reza el segundo y último párrafo del comunicado difundido anoche, después de discutir arduamente cada palabra.
El Galicia, dueño del 8,3 por ciento del paquete accionario, no avaló el pronunciamiento mayoritario de la asamblea y, según hizo saber luego, su intención fue promover un cuarto intermedio para dar oxígeno a una negociación con el Gobierno que el banco argentino considera no concluida. El argumento esgrimido por la entidad no resulta disparatado a la luz de los muchos puntos de cercanía a que habían llegado los representantes de Aguas y los técnicos de la Uniren sobre un nuevo contrato de concesión, antes de que se produjera la ruptura: ajustes tarifarios para el año próximo y programa de inversiones parcialmente costeado por el Estado.
Los trabajadores, dueños del 10 por ciento a través del Programa de Propiedad Participada, se abstuvieron de votar pero reclamaron que el Estado designe un veedor para fiscalizar la suerte de la empresa en la transición. La sugerencia fue formulada por el adjunto sindical Carlos Ríos, quien reemplazó en el cónclave de ayer al titular del gremio y vocero del PPP, José Luis Lingeri. Fuentes del sector aseguran que éste gremialista ya tiene un eventual postulante para aquel cargo, aunque aún no lo haya puesto sobre la mesa: se trataría de Carlos Ben, hombre con papel protagónico en la privatización de Obras Sanitarias.
Si definitivamente estuvieran cerradas las puertas a una eventual continuidad del grupo accionario actual, luego de que Aguas curse la comunicación formal al Gobierno debería iniciarse una transición que la propia empresa admite no inferior a los noventa días. Sin embargo, es menos nítida la chance de que esa posible transferencia pueda extenderse hasta un año, tal como contempla un artículo del contrato renegociado varias veces.
A juicio de los accionistas en retirada, aquel compromiso sólo sería ineludible cuando expirasen los treinta años de la concesión y en caso que el Estado no tuviera para entonces un operador sustituto. Pero no resulta tan claro que esa imposición sea válida en el esquema actual, justamente cuando emerge de un contrato que pretende darse por caído.
La incógnita es si la voluntad de abandonar la concesión irá también acompañada por un reclamo económico adicional al que los accionistas ya hicieron ante el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial ante el cual exigen una indemnización multimillonaria por los perjuicios que les habría ocasionado la pesificación y congelamiento de sus tarifas. Aguas Argentinas ya acusó al Gobierno de impedirle recomponer la ecuación económica financiera, bloqueando con ello la posibilidad de continuidad de la prestación.
Por si acaso, el Gobierno comenzó a armar su propia artillería legal para contraponer una eventual contrademanda. Esta podría contemplar desde la posible imputación a la empresa de rescindir el contrato de modo “unilateral” –tal como sugirió Alberto Fernández en declaraciones de estos días– a la de considerar que la concesión ya estaba caída de echo por los reiterados incumplimientos de la empresa. Esto no excluye el eventual empleo de chicanas legales, como la de espetarle a Aguas que los presuntos agravios que le imputa al Gobierno son extemporáneos.