[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El origen de los fondos que se aplican a las investigaciones científicas en el país es un tema de políticas de Estado: conviene saber quién aporta el dinero y para qué. Esa idea se desprende del pronunciamiento realizado por el Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología tras analizar el caso de tres proyectos de investigación desarrollados en instituciones públicas argentinas que recibieron financiamiento de la Armada norteamericana. Después de que Página/12 diera a conocer el caso en septiembre, el secretario de Ciencia y Tecnología, Tulio del Bono, le pidió al Comité de Etica una evaluación del tema, si bien consideró que se trataba de un campo difícil de regular sin limitar las libertades de los investigadores. Ahora los miembros del comité parecen contradecir esa opinión, ya que en su dictamen recomiendan que las autoridades del sector analicen junto con la comunidad científica “la necesidad de distinguir entre las fuentes de financiamiento provenientes de organismos extranjeros y eventualmente limitar aquellas que provengan de fuerzas armadas extranjeras orientadas a la producción de armamento”.
Aunque pocos lo conocían, no era un secreto: el financiamiento a los científicos argentinos aparece en la página de Internet de la Oficina Naval de Investigaciones norteamericana. Los proyectos son tres: un trabajo de nanotecnología realizado por investigadores del Instituto Balseiro, un estudio oceanográfico de la cuenca del Río de la Plata, donde interviene el Servicio de Hidrografía Naval, y un proyecto en el área físico-matemática para estudiar redes complejas con vistas a su aplicación en modelos de redes terroristas, desarrollado por la científica Lidia Braunstein, de la Universidad de Mar del Plata.
La diputada Lilia Puig de Stubrin, titular de la Comisión de Ciencia en la Cámara baja, había advertido el riesgo de esta situación en un pedido de informes donde señalaba que en Estados Unidos la Secretaría de Defensa está limitada por ley a utilizar los fondos para investigación sólo en proyectos vinculados a un objetivo militar.
El secretario Tulio del Bono consideró que son las instituciones donde investigan los científicos las que deben ejercer el control y que “hacer una normativa de tipo general es muy complicado, porque podríamos entrar en colisión con las libertades individuales y personales de cada investigador”. Pero al mismo tiempo decidió pedir un pronunciamiento al Comité Nacional de Etica, integrado por reconocidas personalidades como la jueza Aída Kemelmajer de Carlucci, el químico Roberto Fernández Prini, el biólogo Alberto Kornblihtt y el escritor Noé Jitrik.
El informe preliminar de ese cuerpo, dado a conocer ayer, sostiene que este caso “inicia un debate importante en el análisis de las relaciones entre la ciencia, la sociedad y el Estado” y lleva “a la necesidad de un estudio cuidadoso de las regulaciones existentes en las instituciones científicas y tecnológicas públicas referidas al uso de fondos, garantías de transparencia, gestión e información sobre la producción científica y tecnológica desarrollada en sus ámbitos”.
El texto explica que “en el ordenamiento jurídico argentino no existen disposiciones específicas sobre el tema de investigaciones científicas realizadas en instituciones públicas con financiamiento de organismos militares de otros países” y si bien considera que “debe respetarse la libertad de investigación”, agrega que “esta libertad admite limitaciones, cuya legitimidad dependerá de la razonabilidad de sus fundamentos”. Sostiene que “las decisiones en este tema entran en el campo de las políticas de Estado y quienes definan los criterios regulatorios deberán hacerlo en consonancia con los principios democráticos, con la necesidad de aplicar los resultados de la investigación al bienestar humano y a contribuir a la paz, y con la estrategia de desarrollo del país e incluso de la defensa nacional”. En lo que hace a las recomendaciones (los pronunciamientos del Comité no son vinculantes, si bien suelen ser aceptados), sugieren cuatro medidas:
- Que “las autoridades del sector junto con la comunidad científica y las sociedades científicas analicen la necesidad de distinguir entre las fuentes de financiamiento provenientes de organismos extranjeros y eventualmente limitar aquellas que provengan de fuerzas armadas extranjeras orientadas a la producción de armamento”.
- Que “el Estado asegure que los resultados de las investigaciones realizadas en su ámbito sean públicos y libremente accesibles”.
- Que “las instituciones científicas y las sociedades científicas contribuyan a crear un ambiente favorable a la integridad en la investigación que incluye la transparencia en el uso de los recursos, modelos de conducta responsable e intelectualmente honesta y la creación de instancias que permitan dirimir controversias éticas”.
- Y que “los investigadores puedan afirmar su conciencia sobre el papel de la investigación en la sociedad y se comprometan a que su labor científica creativa esté de acuerdo con los principios de justicia, respeto por la integridad y los derechos humanos, el bienestar, la igualdad y la paz”.