El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro afirmó que las críticas públicas formuladas desde el Ministerio de Seguridad bonaerense contra las resoluciones del juez Rafael Sal Lari constituyen “una inadmisible intromisión de un poder del Estado en detrimento de otro, pretendiendo sus voceros erigirse en ‘juez de jueces’, tarea que constitucionalmente tienen vedada”. La entidad advirtió que “la división de poderes, pilar de la democracia y base de la convivencia social y seguridad jurídica, se ve seriamente comprometida con tales actitudes”. Ante tal situación, el Colegio que agrupa a los jueces y funcionarios de San Isidro exhortó “a quienes han adoptado esta postura de diatriba, a abandonarla en favor del bien común, redoblando los esfuerzos en la tarea que les es propia y a la que deben ceñirse”.