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Al parecer, al bombero de la Policía Federal, Gonzalo Vázquez Meana, le es más fácil promover incendios que apagarlos. Al menos eso es lo que deben pensar los representantes de su fuerza, condenada ayer a pagar cerca de un millón de pesos por las “gravísimas” lesiones que Meana le causó a un chico de 16 años, quien, ante la ausencia de un baño público, decidió orinar frente a su casa. El bombero lo corrió tres cuadras hasta que el chico trastabilló y fue a parar al suelo. Desde allí, le gatilló tantas veces como pudo, dejándolo parapléjico. Por el hecho, Meana ya había sido condenado a tres años de prisión.
El episodio ocurrió durante la mañana del 9 de noviembre de 1994, cuando el adolescente Carlos Alberto Pérez, acompañado por un amigo, se bajó repentinamente del colectivo en el que viajaba urgido por una necesidad fisiológica. Los chicos descendieron en la parada de la avenida Maipú e Italia, en Vicente López, y caminaron un par de cuadras adentro. Al llegar a Monasterio al 1800, eligieron el patio delantero de la casa del bombero, en un intento por pasar inadvertidos de la vista de los transeúntes. Pero, para su mala suerte, Meana se encontraba de franco, descansando en el interior de la vivienda.
Apenas se dio cuenta de la travesura de los chicos, Meana salió con su arma dispuesto a cobrar venganza. Primero disparó unos tiros al aire, como para disuadirlos, y luego los persiguió alrededor de trescientos metros hasta que Carlos tropezó y cayó. Allí, una vez con el chico en el suelo, gatilló su pistola 9 milímetros reglamentaria en un acto que la Justicia interpretó como “un ataque de muy graves consecuencias” para el joven –le ocasionó una parálisis total irreversible en la parte inferior de su cuerpo– que no guardó relación con la legítima defensa.
Ahora, los magistrados Martín Farrell y Francisco de las Carreras, de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, no sólo ratificaron que corresponde la indemnización sino que incrementaron los montos impuestos a la Policía Federal en primera instancia. Así, las cifras quedaron fijadas en 300 mil pesos por “daño futuro”, 200 mil por “daño moral” y 90 mil por “incapacidad psicofísica”, más los intereses del 6 por ciento anual desde el momento del hecho. En su fundamentación, los camaristas recalcaron en forma terminante que “las Fuerzas Armadas y de seguridad responden por la comisión de ilícitos en los que se emplea el arma de la fuerza, sean o no ellos consecuencia de actos de servicio”.