El juicio por abuso sexual contra el cura Julio César Grassi, que debería comenzar el 3 de julio próximo, sigue bajo fuego cruzado. Ayer fue el turno de los abogados de Grassi, quienes salieron a denunciar una supuesta “campaña de difamación” mediática. Con llamativa demora, los letrados calificaron de “falsa de toda falsedad” a una pericia citada en el primer programa de Telenoche investiga, que salió al aire en octubre del 2003 y que sólo había sido mencionada en off, sin aportar la documentación correspondiente. La pericia que –todavía– no pudieron refutar es la realizada en un juzgado de Santa Cruz, en la que se dice que el imputado tiene el perfil de “un delincuente sexual”. La defensa de Grassi quiere que el juicio oral y público comience el 3 de julio y que siga a cargo del Tribunal Oral Nº 4 de Morón, que ayer se declaró competente y rechazó la recusación planteada por los fiscales. De todos modos, el tema tendrá que ser resuelto por la Cámara de Garantías de Morón.

Pedro Rodríguez, presidente del Tribunal Oral Nº 4, confirmó ayer que junto con sus pares Carlos Torti y Rodolfo Castañares resolvió rechazar la recusación planteada por los fiscales del juicio, Alejandro Varela, Carolina Rodríguez y Sandra Míngolo. Según los fiscales, el presidente del tribunal habría incurrido en “prejuzgamiento” cuando rechazó por anticipado, en declaraciones a la prensa, la incorporación al juicio de la pericia realizada por la Justicia de Santa Cruz, en otra causa por “abuso sexual” contra el sacerdote.

“No aceptamos ninguno de los motivos de parcialidad invocados por los fiscales”, afirmó el presidente del Tribunal Oral Nº 4. Rodríguez comentó, además, que la recusación “debió presentarse antes, porque (ahora) los plazos están totalmente superados”. El planteo, entonces, fue elevado a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, que para resolver el tema tendrá que llamar a una audiencia pública. En ella participarán los miembros del tribunal y el cuerpo de fiscales. La decisión final deberá tomarse en un plazo de 48 horas, una vez que se realice la audiencia. Por la premura de los plazos, el presidente del tribunal consideró que, de rechazarse la recusación, “el juicio podrá realizarse en la fecha prevista”.

A pesar de la opinión de Rodríguez, el abogado Juan Pablo Gallego, que representa al Comité de Seguimiento y Aplicación del Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño, opinó que dada la situación planteada “es razonable pensar que el juicio pueda sufrir una postergación”. Los que también salieron ayer al ruedo fueron los abogados de Grassi, los doctores Adrián Maloney, Andrea Novello y Luis Osler. Ellos insistieron en que la denuncia contra Grassi es “una maniobra cuyo propósito es la difamación”. Pusieron al frente de la supuesta operación al propio Gallego y al Canal 13 de televisión, que fue el primero en difundir la denuncia por abuso sexual contra Grassi.

“Queremos llegar al juicio porque estamos convencidos de que no hay pruebas contra Grassi y que allí se va a demostrar su inocencia”, subrayó la doctora Novello, en una reunión donde se notaba un clima de disconformidad por lo publicado por algunos medios, incluyendo este diario. Sobre la pericia en la causa en la que se investiga un hecho de abuso ocurrido en El Calafate, Santa Cruz, el abogado Maloney aseguró que fue publicada “con la intención de impedir el comienzo del juicio”. También sostuvo, sin dar ninguna pista al respecto, que el documento “tiene que haber sido robado” del expediente.

La pericia que equipara la personalidad de Grassi al perfil propio de un “delincuente sexual” fue presentada ante la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y del Comité, que reclama ser parte querellante en el juicio contra Grassi. Sobre esa pericia, sólo se dijo que la defensa delsacerdote pidió que “sea considerada nula”. La única pericia que fue refutada por los letrados defensores fue una que se mencionó en el programa Telenoche investiga y que señalaba que Grassi y uno de los chicos internados en la Fundación Felices los Niños mantenían una “relación de pareja homosexual estable”. Esa pericia no fue presentada por el Comité que preside Carlotto y nada se precisó acerca de su supuesto contenido.