El cónsul uruguayo en Gualeguaychú, Arisbel Arnoldo Arocha, reconoció haber sido representante diplomático de su país en Buenos Aires durante la última dictadura, pero negó estar involucrado en violaciones a los derechos humanos. “Soy un profesional de carrera. En esa etapa el consulado tenía sus puertas abiertas a todo compatriota para que pudiera presentar sus preocupaciones. En la medida de lo posible, dentro de las circunstancias, hacía todo lo que estaba al alcance para proteger y asistir a los ciudadanos uruguayos”, aseguró. Sus explicaciones parecen haber sido suficientes para el gobierno de Tabaré Vázquez, que decidió no remover a Arocha de su cargo.

Gargano aseguró que la Cancillería uruguaya hizo una investigación interna sobre Arocha y no obtuvo pruebas sobre la vinculación del cónsul con la dictadura de su país y los crímenes del Plan Cóndor. “Si se presentan elementos probatorios de que ha cometido ilícitos, la Cancillería instruirá el sumario correspondiente y pasará los antecedentes a la Justicia”, afirmó.

El cónsul en Gualeguaychú fue convocado a Montevideo después de que Página/12 publicara que había cumplido esa función en Buenos Aires entre 1976 y 1977 y que ex presos políticos uruguayos reclamaban su “inmediata remoción”. A esa exigencia, se sumaron el gobernador y el vicegobernador de Entre Ríos, Jorge Busti y Pedro Guatavino. Pero las autoridades uruguayas evaluaron que los antecedentes disponibles de Arocha no eran suficientes para que dejara de ser representante de su país en Gualeguaychú, un destino conflictivo para las relaciones entre la Argentina y Uruguay debido a la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos.

Los abogados Pablo Barbutto y Gonzalo Romero no piensan lo mismo que Gargano y Tabaré Vázquez. Ellos representan a un grupo de ciudadanos uruguayos sobrevivientes del centro clandestino argentino Automotores Orletti. “Hubo veinte personas que fueron llevadas de Orletti a Montevideo en un vuelo de línea. Es muy difícil que quien era el cónsul en ese momento estuviera ajeno a la situación. Nosotros pedimos que la Justicia lo investigue”, aseguraron los abogados.

Arocha se defendió ayer en la AM Libre de Uruguay: “¿Cómo puedo ser responsable de lo que estaba pasando? Un porcentaje altísimo de las cosas que estaban pasando en ese momento no era fácil de conocer?”, dijo.

El uruguayo Sergio López Burgos, secuestrado en Buenos Aires y torturado en Orletti, fue quien denunció al cónsul y aportó a la Justicia documentos desclasificados del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país sobre un plan para combatir la “campaña internacional contra la imagen exterior de Uruguay”. “¿Cuán ajeno a esta situación puede haber estado el cónsul en Buenos Aires?”, se preguntan Barbutto y Romero.