“Estamos pidiendo una política integral de control de armas”, dijo a Página/12 Darío Kosovsky, integrante de la Red Argentina para el Desarme. La misma frase la había pronunciado minutos antes frente al presidente Néstor Kirchner, cuando junto a representantes de las demás organizaciones que conforman la Red le entregaron un petitorio en la Casa Rosada. La respuesta fue un compromiso para concretar ese plan. “La Argentina tiene que tener un modelo restrictivo de circulación de armas”, fue la frase de Kirchner. Aumento de los controles sobre las armas secuestradas e incautadas, la modificación del Renar y capacitación para el personal de las fuerzas de seguridad son algunos de los puntos pedidos.

Aunque siempre consideraron que existe la necesidad de una política al respecto, las ONG aprovecharon que los sucesos del tirador de Belgrano reavivaron el debate en torno del estado actual de la circulación de armas de fuego. “A pesar de haber mantenido reuniones en reiteradas oportunidades con funcionarios de primer nivel, nunca hemos logrado que el tema sea considerado como política de Estado ni que se diseñara una política integral al respecto”, afirmaron en la coalición de organizaciones.

Una de las solicitudes es “la implementación de programas para mejorar el control y el manejo de los arsenales de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y su debida capacitación”. A eso se une el reclamo por el cumplimiento de la ley que establece la elaboración del Registro de Armas Secuestradas e Incautadas. Ambas iniciativas buscan eliminar el mercado negro, surgido de las fisuras del actual sistema.

“Ahora, las armas incautadas o secuestradas por la policía quedan a disposición de la Justicia. Pero no están registradas y es una especie de limbo. Así se da lugar a que puedan ser ilegalmente alquiladas o vendidas. Con el Registro, los jueces y las fuerzas de seguridad deberían informar en un plazo máximo de diez días posteriores al secuestro los detalles del arma y luego se realizaría un seguimiento hasta su destrucción”, explicó Kosovsky, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). La puesta en marcha de ese sistema, promulgado por el Ejecutivo en octubre de 2004, requeriría de la construcción de depósitos con las medidas de seguridad necesarias para guardar el material incautado.

El Renar es otro de los puntos sobre los que se quiere actuar. La propuesta de la Red apunta a su “fortalecimiento institucional, dotándolo de capacidades y fondos que le permitan ser autónomo frente a la asociación de productores, vendedores y usuarios de armas, que hoy administra los recursos”.

Según Kosovsky, “en el Renar, es necesario cambiar el sistema de financiamiento y convertirlo en generador de políticas públicas. Debe reformarse su concepción y debe poder usar la información que maneja”.

La Red para el Desarme –constituida por el Inecip, Red Solidaria, las Madres del Dolor, la Fundación Lebensohn y la organización mendocina Espacios, entre otras– destaca en el documento entregado al Presidente la necesidad de “la incorporación de medidas de estricto control y limitación del otorgamiento de tenencias y portaciones de armas de fuego por parte de la población civil, en especial, en lo que respecta a los requerimientos psíquico-físicos”.

Los detalles del plan se completan con programas de capacitación y para el seguimiento del uso y abuso de armas de fuego por parte de las diversas policías, políticas agresivas contra el tráfico, la tenencia y la portación ilegal de armas, campañas de concientización y prevención de la violencia armada y programas de recolección y destrucción de armas.

“Algunas de estas responsabilidades son del Ministerio de Defensa y muchas corresponden al Ministerio de Interior –indican en la Red–. En Interior hay una política delegativa en las fuerzas de seguridad, a diferencia de lo que sucede por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde hay un gobierno civil fuerte.”

De acuerdo con las organizaciones, la recepción del petitorio fue buena. Hubo una respuesta “positiva” por parte de Kirchner, quien dio las primeras directivas para conformar una mesa de trabajo con las ONG y generar el plan de desarme.

Informe: Lucas Livchits.