Sólo seis de las cuarenta y cuatro empresas acusadas de contaminar el Riachuelo se presentaron en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema. Y esas pocas que enviaron a sus representantes para exponer ante los jueces repitieron la misma idea, en tono de eslógan: “Esta empresa no contamina”. Los supremos despuntaron la ironía. “¿Son angelicales?”, preguntó Carlos Fayt. Parece “que el Riachuelo se contaminó solo”, comentó Ricardo Lorenzetti. La jornada se completó con el discurso de dos ONG y con el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, quien reclamó el “cese de la actividad contaminante”, “la compensación del daño” y que el máximo tribunal controle el cumplimiento del plan de recuperación de la cuenca.

Con esta segunda y última audiencia abierta, la Corte está en condiciones de discutir una resolución. En esencia, los ministros analizarán si aprueban el plan que explicaron la semana pasada los gobiernos nacional, porteño y bonaerense para recuperar la cuenca Matanza-Riachuelo. El tribunal podría avalar el esquema general pero proponer cambios, precisar plazos, controles y otras indicaciones. También establecerán quién debe pagar por el daño colectivo y su recomposición. “Trataremos de resolver pronto”, dijeron en la Corte. Como paso previo, les dieron diez días a las empresas y los gobiernos para que entreguen la información que llevaron en las audiencias públicas y que habían omitido en sus presentaciones escritas.

Los supremos habían citado a cuarenta y cuatro empresas para que expliquen qué procesos aplican, qué tiran al río y qué seguros tienen. La asistencia a la audiencia era optativa. Sólo la respuesta escrita era obligatoria. La mayoría de las firmas alegó la legalidad de sus actos y el respeto al ambiente. Unas ocho no contestaron. Estarían inactivas.

Todas las empresas que pasaron ayer por la Corte apelaron a frases similares. Antivari “no es causa” de polución “ni en una mínima fracción”, dijo su representante. “Curtiduría Gaita no contamina y está al servicio de la comunidad”, entonó un abogado con aire de locutor. “No tenemos una actividad de riesgo”, añadió el portavoz de Orvol. “Petrobras no provoca contaminación en ningún lugar”, se escuchó. “Estamos comprometidos con el desarrollo sustentable”, dijo el presidente Shell, Juan José Aranguren.

Hubo otros puntos comunes a los discursos empresarios. Mencionaron haber tenido muchas inspecciones, pero ninguna sanción o advertencia por incumplimiento. Reconocieron carecer de seguros por daño ambiental amparándose en que la Ley General del Ambiente no está reglamentada y la Superintendencia de Seguros nunca aprobó pólizas de este tipo.

Tres empresas aseguraron que no producen nada sino que almacenan sustancias, que no arrojan desechos que contaminen ni generan emanaciones gaseosas. La química Antivari precisó que guarda sustancias para la fabricación de, por ejemplo, gomaespuma y fibras de nylon. Solvay Indupa indicó que distribuye soda cáustica y PVC. Mostró que usa un mecanismo de desagote del agua de lluvia y un sistema de medición de hierro y mercurio “que nunca superaron los valores permitidos”. Orvol apeló al Power Point y dijo que tiene tanques para aceites vegetales, lubricantes y soda cáustica. Uno de sus dueños, Patricio Volpe, marcó enfadado que es una de las once empresas que según el proyecto oficial debe cerrar por “una decisión política”. “Deberían reconsiderarlo”, pidió, porque “el cierre de Orvol no soluciona nada”. Atribuyó los problemas a la “falta de control normas claras”.

La sala de audiencias de la Corte, en el cuarto piso de Tribunales, estaba repleta, igual que la de la planta baja, con pantalla gigante, que parecía un cine. El abogado de Gaita dijo que le parecía “raro” que la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, acusara a las curtiembres de causar el 60 por ciento de la polución, cuando antes se señalaba una incidencia ínfima. “Ustedes usan cromo para sacar la grasa”, empezó Fayt a darle cátedra. El abogado Mario Violet le dijo que no era cromo contaminante, pero el juez redobló, con sarcasmo: ¿Y no usan ácido muriático?”. El letrado sólo contestó que vive en la zona con su familia y “no tenemos trastornos intestinales ni cáncer”. “Es de desear que continúe así, lo veo bastante sano”, le contestó Fayt. En la platea hubo una oleada de risas.

Las preguntas de los supremos apuntaron a saber cuántos obreros tiene cada empresa y si viven en la zona. En la primera audiencia habían preguntado qué mecanismos prevé el Estado para preservar las fuentes de trabajo ante la relocalización y reconversión de fábricas.

Petrobras alegó que “no arroja efluentes directamente al Riachuelo ni emite gases que constituyan residuos”. Algo similar sostuvo Shell. Entre una y otra, Lorenzetti acotó que parece que “el Riachuelo se contamina solo”. Lo que Shell admitió es el uso de benceno (incluso admitió que es cancerígeno), pero dijo que también está en la combustión de madera o carbón. “¿Usted prohibiría los asados?”, volvió a ironizar Fayt.

El defensor del Pueblo, Mondino, repasó los informes que hizo desde 2002 y los “obstáculos” para acceder a la información. Recordó la falta de cloacas y agua potable y destacó que la mitad de los niños de Villa Inflamable tiene plomo en la sangre. Acusó a los gobiernos, incluso al actual, de “inacción”. Pidió el cese de “la actividad contaminante”, la “recomposición” y la compensación del daño. Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo que la reparación la deben solventar quienes causaron el daño y abogó por medidas de “atención directa e inmediata” para las víctimas de la contaminación. Alfredo Alberti, de la Asociación de Vecinos de La Boca, advirtió que los cinco años que estimó Picolotti para los primeros cambios “es demasiado”.