Un joven autista murió quemado por el agua caliente de la ducha “en un descuido” de la operadora que lo estaba bañando. Una madre denunció que a su hija se la entregaron “prácticamente dopada” y que la niña “permanecía semiinclinada hacia adelante, sin moverse ni hablar” y recién se recuperó después de una semana sin tomar ninguna medicación. La Subsecretaría de Minoridad bonaerense detectó sobredosis de fármacos a adolescentes bajo tratamiento psiquiátrico. Varios chicos refirieron “malos tratos” de parte de operadores que los agraden “a puños y a patadas” o “con mangueras”. Uno dijo, además, que hay situaciones de violencia física entre los mismos chicos para defender “territorio”, llegando a agredirse con “facas”. Estas son algunas de las denuncias realizadas contra Apand, la principal ONG dedicada a la atención y tratamiento de menores con discapacidades físicas, neurológicas y psiquiátricas del área metropolitana y adonde el Consejo Nacional del Niño, Adolescente y Familia (Connaf), el Servicio Nacional de Rehabilitación del Discapacitado, IOMA y la provincia de Buenos Aires tienen internados más de doscientos chicos. Por cada uno, pagan un piso de 60 pesos por día, lo que hace un monto mensual de 1800 pesos. El lunes pasado, con la investigación de este diario en marcha, el Connaf envió a Baradero una inspección, pero todo terminó en escándalo: la inspectora del Connaf radicó una denuncia en la comisaría local por “amenazas” contra un empleado que en medio de una situación violenta pretendía impedir el control.

La institución cuestionada se llama Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacitado. Está ubicada en la localidad bonaerense de Baradero, donde tiene 14 pequeños hogares, cuatro centros de día y una escuela. Su director, Gustavo Hermo, rechazó las acusaciones (ver aparte). Apand es la ONG que más dinero facturó al Connaf por el cuidado de chicos. Según confirmó Hermo, esa suma rondó el millón de pesos en 2005 por la atención de unos 90 chicos. Los últimos registros indicaban que el organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social tenía derivados a esa institución alrededor de 60, que ahoa quedarán bajo la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, la Subsecretaría de Minoridad bonaerense mantiene en Apand más de treinta chicos. La escuela está subvencionada por el Ministerio de Educación.

Hermo precisó que, en total, Apand brinda atención a unas 250 personas, entre nenes de 2 años y ancianos. Los “mayores proveedores” –según sus propias palabras– de chicos son el Connaf, el Servicio Nacional de Rehabilitación del Discapacitado, la Subsecretaría de Minoridad bonaerense y IOMA, la obra social de los empleados públicos de la provincia. En la mayoría de los casos se trata de niños y adolescentes con discapacidad mental de distinto tipo, que están bajo tutela judicial porque no reciben en sus casas los cuidados acordes con las patologías que sufren o fueron víctimas de delitos en el seno de sus familias. Algunos fueron internados por decisión de sus propios padres. No sólo hay chicos del área metropolitana: también llegaron a Apand pibes de Chubut, Tierra del Fuego y La Pampa.

El año pasado, un adolescente autista de 19 años murió en el Instituto del Quemado de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de las heridas que le provocó el agua hirviendo de la ducha durante el baño que le daba una operadora. “Quedó por descuido en el baño solo, porque la operadora fue a buscar unos pañales. El chico prendió el agua caliente de la ducha y se quemó”, admitió Hermo a Página/12.

Varios chicos que se fugaron declararon en la Justicia que recibieron “malos tratos”. Una fiscalía de San Nicolás investiga la presunta violación de un menor ocurrida en Apand. Las denuncias contra la ONG se vienen sucediendo desde hace más de un año, tanto en el fuero civil porteño –cuyos jueces tienen la tutela de los chicos internados por el Connaf– como en los tribunales de San Nicolás, departamento judicial al que pertenece Baradero. Copias de los expedientes se fueron archivando en el Connaf. No obstante, el organismo nacional y también la provincia de Buenos Aires continuaron derivando chicos y adolescentes para su atención. La funcionaria de quien dependían –hasta la última semana– las derivaciones del Connaf a Apand es Delia Carro, coordinadora general de Programas de Tratamiento e Instituciones Asistenciales.

Un resumen de una de esas inspecciones –mencionado en un expediente judicial que se tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 23 y al que este diario tuvo acceso– señala que en la entidad se detectó “escaso número de profesionales, falta de consultorios, falta de registro en legajos o historias clínicas en los que se deje constancia del control de la salud que realiza la institución sobre la población que atiende”. La situación es más preocupante si se tiene en cuenta –como señala el expediente judicial– que “el informe de Supervisión fechado el 6 de octubre de 2005 es prácticamente idéntico al fechado el 10 de enero de 2006”. El director de Apand precisó a este diario que la ONG tiene un solo psiquiatra, que concurre sólo dos veces por semana a la institución.

Al ser consultada por la asistente social del Juzgado en lo Civil Nº 23, Susana Lima Quintana de Ojeda, Carro sostuvo que la supervisión a Apand “se realiza prácticamente en forma semanal, que dicha institución viene respondiendo a los requisitos que se le exigen y los informes son satisfactorios”.

Página/12 solicitó una entrevista con la máxima autoridad del Connaf, pero en el Ministerio de Desarrollo Social designaron a Gabriel Lerner, director nacional de Niñez, para responder las consultas: “Hemos detectado irregularidades en Apand, fundamentalmente administrativas, como falta de historia clínica en algunos chicos o historias clínicas incompletas. Estamos en un proceso de supervisión estricta. Ningún chico está sufriendo ninguna falta. Además, hay que tener en cuenta que la oferta de instituciones que hay en el mercado para este tipo de chicos es muy poca”. Las declaraciones en la Justicia de diversos chicos dan cuenta de situaciones que van más allá de irregularidades administrativas (ver aparte). Un relevamiento realizado por este diario comprobó que la mayoría de las defensorías de menores porteñas recibieron en los últimos meses algún tipo de denuncia contra la entidad.

Varios jueces nacionales del fuero civil reclamaron insistentemente al Connaf el traslado de chicos bajo su tutela a otros hogares, pero el organismo en muchos casos no les dio respuesta. “¿Por qué no los traslada?, habría que preguntarle al Connaf”, señaló a este diario la jueza Ana María Bossio, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 92.

Dosis excesivas

En la Subsecretaría de Minoridad bonaerense pusieron a Apand bajo la lupa. Del análisis de las historias clínicas de jóvenes con discapacidad mental allí derivados detectaron una serie de “errores en la medicación”, entre ellos que algunos pacientes recibían “dosis excesivas” de fármacos para tratar cuadros de “agresividad no premeditada e impulsividad”, según detalló a Página/12 el médico psiquiatra Gastón Piace, supervisor del Equipo de Salud de la Dirección de Control de Gestión de la Subsecretaría de Minoridad. “Esas dosis que superan lo indicado pueden acarrear repercusiones en el aparato cardiocirculatorio, como alteraciones de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial”, precisó Piace.

A raíz de las irregularidades observadas, el director de Control de Gestión, Claudio Parrilla, citó a comienzos de este año al médico psiquiatra de la institución, Carlos Wells, y a Hermo, que es arquitecto e hijo de la fundadora de Apand, Teresita Zuloaga. “Hicimos auditorías en el lugar para monitorear a los pacientes y hemos comprobado que han modificado el esquema de medicación”, señaló Piace. Entre los “errores con la medicación” hallados en Apand figura la ausencia de controles periódicos de los valores en sangre imprescindibles en pacientes que reciben determinadas drogas para problemas neurológicos y también el suministro de fármacos que no son los primeros que deberían elegirse para el cuadro psiquiátrico en cuestión.

De las 34 personas internadas en Apand por la provincia de Buenos Aires en la actualidad, la mayoría tiene entre 18 y 21 años, según precisó Parrilla. Como consecuencia de diversas denuncias recibidas en Minoridad, fueron derivando a otras entidades a unos cuarenta chicos. “Algunos de los hogares que tiene Apand funcionan bien”, señaló Parrilla. El funcionario indicó que actualmente la provincia tiene una deuda con Apand de alrededor de 600 mil pesos correspondientes a la internación de unos veinte chicos entre octubre de 2004 y abril de 2006. “Esas derivaciones están cuestionadas por profesionales del Area de Salud, porque consideran que esos chicos no tenían que haber ido a una entidad tercerizada de salud sino a un hogar convivencial”, explicó. De todas formas, si la derivación fue equivocada, la equivocación la cometió la misma Subsecretaría de Minoridad, a través del Area de Admisión y Derivación, que dispone a cuál ONG deben ir los chicos judicializados.

Entre esa veintena de chicos que vivieron “equivocadamente” en Apand hay cinco hermanitos, de entre 2 y 14 años, con historia de violencia familiar. “No estaban mal: les daban de comer, los vestían y los mandaban a la escuela. Pero no recibieron la contención psicológica que necesitaban por su cuadro”, observó Parrilla. Lo paradójico es que por este grupo de hermanitos Apand facturó al Estado provincial 9000 pesos por mes, durante 18 meses. Un hogar convivencial, como en el que están ahora viviendo los cinco hermanos, cobra alrededor de 420 pesos por mes y no 1800 como lo hace Apand. Hermo indicó que actualmente su facturación llega a unos 350 mil pesos por mes.