La Fundación Sur Argentina, en conjunto con el CELS, el Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, Abuelas de Plaza de Mayo y el Inecip, entre otros organismos de derechos humanos, presentó ayer ante la Cámara del Crimen un hábeas corpus colectivo en favor de más de 60 chicos menores de 16 años y privados de su libertad en territorio porteño, alojados especialmente en el Instituto de Menores San Martín. La Cámara es el tribunal de alzada de los juzgados de menores y es el organismo supervisor de los juzgados de ese fuero. Pero su vicepresidente, Alfredo Bisordi, rechazó el pedido y lo derivó a los juzgados de primera instancia. Casualmente, de turno se encontraba el Juzgado 5, de Menores. El pedido sostiene lo ilegítimo de la privación de libertad a menores de 16 años y reclama su progresiva liberación a medida que el Estado se haga cargo de la atención y contención de esos chicos.

Entre la prueba presentada, una es paradójica: Privados de Libertad, el primer estudio minucioso sobre niños y adolescentes privados de libertad por cuestiones penales o asistenciales en todo el país. Lo interesante de la prueba es que quien produjo y publicó el informe es el mismo Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia de la Nación, con apoyo de Unicef. En Privados se detectó la cifra de 19.579 niños y adolescentes en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, son 1584, en edades de hasta 21 años.

Ayer, el hábeas corpus colectivo se refería a los casos más grotescos del absurdo, que son los chicos menores de 16 años, que para la ley no son imputables. “Es tan absurdo –señaló Laura Musa, directora de FSA–, que el San Martín es un instituto penal para menores no imputables.”

“Recurriremos a la Corte Suprema de Justicia, si no prospera el pedido –-citó el titular del CELS, Horacio Verbitsky–. Se pidió que sean citados a declarar los funcionarios públicos del área para que informen a la Justicia de todos los programas que existen y que podrían hacerse cargo de la asistencia de esos chicos. Lo que no se puede es tenerlos privados de su libertad.”

El caso de los chicos menores de 16 años es paradójico, porque tanto el decreto-ley de la dictadura 22.278, como la ley que lo reemplazó en noviembre pasado, la 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, prohíben (la segunda en forma explícita) la privación de libertad cuando la edad es de menos de 16 años.

“Los chicos que entran al San Martín entran por efecto del peligrosismo –-señaló Musa–. La policía los ve peligrosos, cree que podrían haber participado en algún arrebato, los levanta pero cuando salta la edad los llevan a un juez de menores. Si el chico es de clase media, lo devuelven a los padres diciéndoles ‘cuide a su hijo, cometió una travesura’. Si el chico es pobre, no lo devuelven. El juez no puede abrirles una causa porque le está vedado por ley. Entonces, decide que la familia no lo contiene, decide que el chico está abandonado o decide que está en riesgo y dispone tutelarlo.” Se trata de todos los menores que el segundo domingo de agosto celebran el Día del Menor.

¿Dónde se protege a los chicos pobres con menos de 16 años que están en riesgo? En un instituto de donde no se los deja salir. O sea, el mismo Estado que elaboró el trabajo Privados de Libertad los priva ilegalmente de su libertad en institutos.

Hacia ese grupo de 65 chicos aproximadamente está dirigido el hábeas corpus colectivo. En el pedido se solicitó que se informe sobre estadísticas anuales de aplicación del régimen tutelar a menores de 16, la cantidad de chicos de esa edad a disposición, y solicitó el testimonio de los organismos del Estado con injerencia en los planes de contención y asistencia a chicos menores de 16 para que detallen qué es lo que han hecho hasta ahora. Son esos organismos del área, tanto nacionales como porteños, donde deberán ir progresivamente los 65 niños para ser contenidos y atendidos como corresponde según los tratados y convenciones de rango constitucional adoptados por el país y las propias leyes.