El fiscal general del estado de California, en Estados Unidos, parece haber seguido un razonamiento lógico. Sabe que el calentamiento global es consecuencia de los gases de efecto invernadero, notó que parte de esos gases provienen de los automóviles y que los automóviles son producidos en fábricas. Cuando llegó al final de la cadena y en un movimiento jurídico inédito decidió demandar a seis grandes automotrices que tienen plantas industriales en California por los efectos nocivos resultantes del cambio climático.

Las demandas presentadas ayer en el tribunal distrital de Oakland contra las automotrices General Motors, Ford, Toyota, Honda, Daimler Chrysler y Nissan fueron elaboradas por el fiscal del estado, Bill Lockyer, un demócrata opuesto al gobernador Arnold Schwarzenegger.

“Las emisiones de los vehículos son las fuentes de dióxido de carbono de más rápido crecimiento que contribuyen al calentamiento global, que está causando un daño significativo al ambiente, la economía, la agricultura y la salud pública de California. A pesar de ello, los gobiernos y los fabricantes de automóviles se negaron a hacer algo para contrarrestarlo”, señala Lockyer en las demandas. De hecho, Estados Unidos es uno de los escasos países que no adhirió al Protocolo de Kyoto.

El fiscal alega que las automotrices son responsables por esos perjuicios. “Los daños han hecho sufrir pérdidas por miles de millones de dólares a la población, incluyendo millones de dólares utilizados para determinar las características y la ubicación de los daños futuros e intentar mitigarlos”, sostiene el fiscal.

Hace poco menos de un mes, la Legislatura californiana transformó en ley una iniciativa para luchar contra la emisión de gases de efecto invernadero, con lo que se aplicarían las medidas de control más estrictas de todo el país. El objetivo es reducir las emisiones en un 25 por ciento hacia 2020, de modo de llegar a los niveles registrados en 1990.

Según Lockyer, con la producción de “millones de vehículos que colectivamente emiten enormes cantidades de dióxido de carbono”, las automotrices han generado lo que las leyes estatales y federales definen como “incordio público”: “Una interferencia inaceptable a un derecho público, o una acción que interfiere con o causa daño a la vida, la salud o la propiedad”.

Los datos en los que se apoyan las presentaciones judiciales indican que los caños de escape de los vehículos fabricados por las seis empresas expulsan cada año unos 289 millones de toneladas de dióxido de carbono en los Estados Unidos, lo que equivale a cerca del 20 por ciento de las emisiones en todo el país y más del 30 por ciento de las de California.

Otra demanda impulsada por el mismo Lockyer, junto a otros once fiscales generales y dos ciudades, está siendo analizada por la Corte Suprema de Justicia nacional y cuestiona que la Agencia de Protección Ambiental norteamericana se niegue a regular las emisiones.

No obstante, los gases salidos de los motores no son los únicos responsables. “Si bien el calentamiento global es una realidad y también es cierto el aumento en las concentraciones de gases, las automotrices no son las únicas culpables. Pensar eso es tener una visión muy parcializada y simple”, explicó a Página/12 Susana Bischoff, directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. “Hay que tener en cuenta el aumento de muchas actividades humanas, como la industrial, y la deforestación, que se agrava cuando luego de la tala se quema el terreno, y la falta de reforestación, que permitiría la reabsorción del carbono. De todas maneras, la generación de motores diferentes a los actuales ayudaría a limitar las emisiones.”

Pero el fiscal californiano no está preocupado por las ciencias del ambiente. “La estrategia que plantea la demanda es decirle a la industria que los ciudadanos están pagando con sus impuestos el daño que ella causa. El impacto ya costó millones de dólares y el precio sigue creciendo”, afirmó. Y, de acuerdo con sus cálculos, será posible obtener compensaciones de “decenas o cientos de millones de dólares”.