El Ministerio del Interior aclaró ayer que está en estudio el pedido de protección policial para un testigo, denunciante en una causa en la que se investiga la trata de personas y reducción a la servidumbre en talleres textiles clandestinos. “El ministro (Aníbal Fernández) analizó hoy el tema con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y posiblemente se resuelva en forma favorable”, explicó a Página/12 un vocero del ministerio.

El pedido de protección había sido formulado por el fiscal federal Gerardo Di Masi el 28 de septiembre último. Un hijo del testigo –un niño de 9 años– había sido secuestrado tres días antes por desconocidos que lo amenazaron con un cuchillo y le advirtieron que lo matarían si su padre seguía denunciando a los talleristas ilegales. Pero el 12 de octubre, el fiscal recibió la respuesta del jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, quien explicó que el pedido “se sometió a consideración de esa cartera (el Ministerio del Interior) y que una asesora del ministro informó que el mismo no prestaba conformidad para la cobertura de la custodia solicitada”.

Desde el 26 de noviembre del año pasado, todos los pedidos de custodia deben ser analizados y autorizados por el ministro, en virtud de la Resolución 2076, firmada ese día por Aníbal Fernández. “Es que las custodias deben otorgarse de manera racional: antes las otorgaban directamente los jueces y los fiscales, pero la fuerza (policial) no es infinita y no se puede descuidar la seguridad pública”, explicó a este diario Fernando Coradazzi, vocero del ministro. “En los últimos seis meses recibimos dos mil pedidos, entre testigos, fiscales, jueces y funcionarios”, agregó. Y destacó que desde la implementación de esa resolución “pudimos reintegrar 400 policías a las comisarías”.

El vocero informó que ayer el ministro habló con Righi de este tema en particular y sobre todos los pedidos de custodia en general. “También analizó el problema con el presidente de la Corte Suprema, Enrique Petracchi”, agregó.

Ayer mismo, la Unión de Trabajadores Costureros –el gremio al que pertenece el testigo denunciante– presentó ante la Justicia una denuncia penal contra Aníbal Fernández “por abuso de autoridad y abandono de personas, y su eventual móvil discriminatorio”, a raíz de lo que hasta ayer era una falta de protección policial para el testigo.