El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, expresó su “absoluto” respaldo a la aprobación de una ley para regular a las prepagas. Además, reiteró que el Gobierno sólo autorizará aumentos de tarifas de esas empresas en función de sus incrementos de costos. Eso arrojaría porcentajes de suba inferiores a los pretendidos por las compañías, que se ubican entre 18 y 23 por ciento. Así lo reveló ayer la titular del Centro de Educación al Consumidor, Susana Andrada, luego de reunirse por más de una hora con el funcionario.

“Moreno está absolutamente de acuerdo con la sanción de una ley para fijar un marco regulatorio a las prepagas”, aseguró la presidenta de la asociación de consumidores, en diálogo con Página/12. “Me dijo que es una necesidad urgente, porque le daría herramientas al Gobierno para actuar frente al sector”, agregó. Este diario anticipó el último domingo que en dos semanas la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados daría dictamen a un proyecto en ese sentido. Los legisladores de ese cuerpo buscan armar un proyecto de consenso con aportes de las iniciativas ya presentadas por Patricia Vaca Narvaja y Graciela Rosso, del Frente para la Victoria, y del arista Eduardo Macalusse. Además, se tomarían propuestas de otro proyecto elevado por el diputado Miguel Bonasso.

Moreno, según cuentan en el Congreso, también les transmitió a varios diputados su conformidad con los proyectos de ley en estudio. Uno de ellos, de las diputadas oficialistas, asigna el control sobre las prepagas a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, bajo la órbita de Moreno, y a la Superintendencia de Salud.

Sin la venia del Poder Ejecutivo, las iniciativas para regular a las prepagas se acumularon en el Congreso los últimos años. Esa situación podría cambiar en esta oportunidad, a partir de la nueva confrontación entre el Gobierno y las empresas del sector. Desde la oposición, sin embargo, nadie quiere cantar victoria hasta tanto haya avances concretos. Además, advierten por las trabas que podría encontrar el proyecto en el Senado, adonde suelen naufragar varias leyes promovidas por la Cámara baja.

“Pedimos una reunión con la Comisión de Salud de Diputados para plantear nuestro interés en que se apruebe un marco regulatorio”, comentó Andrada. La base de las sugerencias que presentará la presidenta del CEC son las denuncias que formulan los consumidores. Una de ellas, afirmó, es por el aumento en las cuotas a los afiliados que cumplen 65 años, que se llegan “a 70 u 80 por ciento”.

Los proyectos para crear un marco regulatorio tienen en cuenta esa situación. De hecho, prohíben las subas cuando el afiliado acumula diez años de antigüedad en la compañía. Otro aspecto importante es que las prepagas son consideradas integrantes de un sistema de salud, por lo cual, si alguna de ellas quiebra, sus afiliados deben ser redistribuidos entre las otras empresas, sin perder su antigüedad. Por otra parte, las propuestas establecen la creación de un registro obligatorio de prepagas, adonde consten los planes de cobertura que ofrecen al público e información sobre su situación patrimonial y societaria.

En cuanto al aumento de tarifas que pretenden imponer las prepagas, de entre 18 y 23 por ciento, Moreno afirmó que dependerán de lo que arrojen los estudios sobre costos que realiza Comercio Interior. “Moreno pedirá los costos a cada una de las empresas prestadoras y analizará sector por sector para saber si sus necesidades se corresponden con el aumento que piden”, señaló Andrada. Finalmente, la defensora de los consumidores destacó “la actitud de compromiso” que mostró el secretario, a quien se le presentaron los reclamos que recibe permanentemente la asociación: “Las tarifas, los incumplimientos del Programa Médico Obligatorio (PMO) y del Plan Materno Infantil y el aumento de hasta 80 por ciento para los mayores 65 años”, describió.