En diez o quince años, se esperanzó Evo Morales, Bolivia podría “abandonar la condición de país pobrecito y mendigo” gracias a la nacionalización de hidrocarburos que acaba de formalizarse con la firma de nuevos contratos para exploración y explotación. Sólo por la venta de gas a la Argentina, esa nación prevé un ingreso anual de 2000 millones de dólares a partir de 2010, que se sumará a la creciente recaudación por regalías. Los acuerdos con las petroleras, cuyo contenido aún no se difundió, suponen previsibles ventajas para las empresas, cuyo negocio resultó acotado sólo en parte.

Al menos en lo que a gas se refiere, una ventaja para el Estado y los particulares es el precio del gas exportado. Argentina admitió subir de poco más de tres dólares el millón de BTU a cinco, valor que previsiblemente seguirá incrementándose gracias al subsidio que la estatal Enarsa otorga actualmente a los productores que luego lo comercializan localmente a menos de dos dólares.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos hizo saber que aspira a hacer lo propio con el precio del gas vendido a Brasil, que hoy está en torno de los 3,70 y, según un contrato vigente hasta 2019, se ajusta en función de una canasta de combustibles. Los hombres de Lula ya alertaron que se negarían a tal suba y que hasta podrían someter la cuestión a un arbitraje internacional. Pero la realidad es que la brasileña Petrobras es la principal productora y proveedora del fluido que devora la industria paulista, y el pretendido mayor precio significa también una base mejor para su propio negocio en el Altiplano.

Ayer, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, proporcionó otra pista para entender por qué tras la trabajosa firma de los nuevos contratos los productores salieron a anunciar millonarias inversiones. La idea es que las regalías serán “móviles”: las empresas tributarán menos si invierten más y viceversa. Según las nuevas normas de la nacionalización, el fisco boliviano recibiría este año 1100 millones de dólares por regalías, casi el triple de lo recaudado antes de que la ley le permitiera capturar el 50 por ciento de los ingresos brutos de cada operador privado. Con la otra mitad, las empresas tendrían que cubrir gastos operativos y amortizar lo invertido. El remanente (utilidad) volvería luego a ser prorrateado con el fisco, en función de un parámetro aún impreciso.

“La participación del gobierno boliviano será mayor al 50 por ciento que tenía hasta mayo, pero menor que el 82 por ciento que estábamos tributando hasta ahora”, explicó ayer el presidente de Petrobras Bolivia, José Fernando de Freitas. Enrique Locutura, responsable de Repsol YPF para la región, eligió enfatizar la mayor previsibilidad que dan los nuevos acuerdos y que animarían a la empresa a invertir 1000 millones de dólares para garantizar la venta de gas a la Argentina.

Evo ayer agradeció a Jacques Chirac la cooperación para cerrar un acuerdo con la francesa Total, que asociada a Tecpetrol, fue una de las primeras en firmar contrato. Claro que para hacerlo, la firma gala habría tomado recaudos sujetando los anunciados compromisos de invertir 728 millones de dólares en desarrollo y exploración a los acuerdos de venta que suscriba YPFB, soberana en la comercialización.

“Con Brasil hay un matrimonio sin divorcio”, sentenció Morales, minimizando las diferencias que existen también con Petrobras por las refinerías que opera desde 1999, luego de desembolsar 102 millones de dólares que para los bolivianos están sobradamente recuperados y para los brasileños fundarían una indemnización. La auditoría en curso lo definirá.