El Estado argentino quedó a un paso de ser enjuiciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declarara admisible el reclamo de 45 comunidades aborígenes de Salta que piden oficialmente desde hace ocho años que les entreguen las tierras de uso tradicional donde viven, algo previsto por la Constitución.

La declaración de la CIDH marca el comienzo de un proceso en el que recibirá las observaciones de las partes y después dictará un fallo que podría ser condenatorio contra Argentina por violación de los derechos de los pueblos indígenas que presentaron la demanda a través de la Asociación Lakha Honhat, que los agrupa. De ser así, el caso sería derivado a la Corte Interamericana, que comenzaría un juicio contra el Estado nacional.

En el documento que anuncia la admisibilidad, que llegó el pasado martes a las oficinas del Estado nacional, a las del salteño, a los peticionarios y a sus abogados, el organismo señala que “el Estado tuvo múltiples oportunidades de resolver el asunto de fondo, es decir, la tutela efectiva del derecho a la propiedad de los miembros de la Asociación Lhaka Honhat”, y remarca la “falta” de política de tierras “que sea respetuosa de la forma de vida de las comunidades”.

Wichís, chorotes, tapietes, chulupis y tobas habitan los lotes 55 y 14, que abarcan 600 mil hectáreas en el departamento de Rivadavia, al noreste de Salta. Nucleados en Lhaka Honhat, los aborígenes presentaron un reclamo en 1998 para que se les otorgue un título de propiedad único, luego de agotar todas las instancias de la Justicia salteña sin lograr su cometido.

El CELS es patrocinante de la presentación de los indígenas, y su vicedirectora, Andrea Pochak, afirmó que “si bien se trata de un informe preliminar, marca un antecedente muy importante en favor de los reclamos de tierras de los aborígenes y además es una luz de alerta para el Estado, que deberá arbitrar los medios para resolver rápidamente la situación, porque nadie quiere enfrentar un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos dictámenes son vinculantes”.

El caso se extendió más de lo usual porque los aborígenes aceptaron en 2001 comenzar una negociación amistosa junto con Nación y Salta, entonces el camino del juicio quedó aplazado. Pero luego de numerosas reuniones, propuestas y contrapropuestas, el año pasado “el gobierno salteño decidió cortar la búsqueda de la solución amistosa y llamó a un plebiscito para decidir la situación, como si los derechos pudieran ser sometidos a una herramienta electoral”, comentó Pochak.

Las comunidades aborígenes decidieron entonces reflotar el reclamo directo ante la CIDH, que ahora declaró su admisibilidad. Los antecedentes los favorecen: en 2001, la Corte Interamericana benefició a una comunidad originaria en un litigio similar desarrollado en Nicaragua.

“El Estado nacional había realizado una propuesta de resolución del caso, en la que participaron el Instituto de Asuntos Indígenas y la Cancillería. Las comunidades aprobaron en asamblea ese plan, pero el gobierno salteño nunca lo aceptó y todo se estancó. Lo que tiene que hacer Nación ahora es aplicarlo, y con eso soluciona el conflicto”, señaló Pochak a Página/12.

Este tipo de procesos tarda varios meses en ser resuelto por la CIDH, lapso durante el que, con una medida concreta, el Estado tiene la posibilidad de solucionar el conflicto y así lograr que el reclamo se dé por terminado.