Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y Argentina puede conmemorarlo este año con la vigencia de la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que puso fin a casi un siglo de Patronato de Menores.

Durante más de diez años, organizaciones de derechos de la niñez, académicos y profesionales en la materia reclamamos un marco normativo acorde con la Convención para todos los chicos y chicas argentinos. Nuestro país saldó una deuda pendiente al poner en vigencia una ley que crea un sistema de protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país, en cuya base se encuentra el conjunto de políticas públicas básicas y universales para su pleno desarrollo en todas las áreas.

Este instrumento legal constituye un avance fundamental, un primer paso imprescindible, pero no suficiente. Garantizarles a todos los chicos y chicas sus derechos implica también adecuar nuestras prácticas, transformar las relaciones entre la niñez y el mundo adulto y promover cambios socioculturales en la relación del Estado, la familia y la comunidad con los niños, niñas y adolescentes.

Hoy todos los chicos y chicas del país tienen una ley que los reconoce como sujetos activos de derechos y en su calidad de ciudadanos. Es obligación del Estado hacerla efectiva y una responsabilidad de toda la sociedad exigir su cumplimiento para evitar situaciones de vulneración de derechos que se repiten cotidianamente.

La pobreza, la desprotección en materia de salud, la violación permanente del derecho a la identidad de los niños y niñas; los miles de chicos y chicas aún institucionalizados; la violencia institucional contra adolescentes y jóvenes; el creciente número de niños y niñas víctimas de violencia doméstica, de abuso y explotación sexual, con pocas alternativas de acceder al apoyo y tratamiento adecuado, y el régimen penal de la minoridad aún vigente que no respeta los derechos y garantías de los chicos imputados, son algunas de las situaciones que nos obligan a seguir demandando la integralidad y exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes argentinos.

Hacer exigibles sus derechos implica reclamarlos no como concesiones sino como obligaciones que el Estado ha adquirido al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990 e incorporarla a la Constitución Nacional en 1994.

* Directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños (Casacidn).