El caso de Brian Andrade, el niño de 5 años que se encuentra en estado vegetativo permanente en un hospital de Puerto Madryn, puso otra vez en el centro de la escena, de manera dramática, el debate sobre hasta qué punto la medicina puede prolongar la vida de personas con lesiones irreversibles y sin esperanzas de sobrevivir. El Comité de Etica del hospital de Puerto Madryn pidió a la Justicia que opine si es posible desconectar el respirador que mantiene con vida al niño, víctima de un grave accidente, en estado vegetativo desde abril de 2005. Los padres, por su parte, se oponen a esa posibilidad. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, propuso “debatir” sobre las posibilidades de la ciencia de “lentificar la muerte” y prolongar la vida a cualquier costo. Dos especialista en bioética consultados por Página/12 se mostraron de acuerdo con los profesionales del hospital, aunque opinaron que es necesario “respetar” el dolor de los padres del paciente.

“Dios sabrá el momento en que se lo llevará para siempre. Mientras tanto nosotros no haremos nada para que ello ocurra”, dijeron José y Balbina Andrade, los padres del niño que fue atropellado en abril de 2005 al cruzar una avenida de Puerto Madryn. El impacto le provocó un traumatismo en el tronco cerebral que lo ubicó en un estado que para los médicos es “irreversible”.

Ante la negativa de los padres de desconectar el respirador artificial, los médicos que integran el Comité de Etica del hospital Andrés Isola se presentaron el 26 de noviembre último ante el Juzgado de Familia de esa ciudad para pedir a la jueza María Fernanda Palma que evalúe “la posibilidad de habilitar la medida”, ya que aseguraron que “no cuentan con las herramientas científicas para revertir el estado del paciente”.

Para Juan Carlos Tealdi, director del Programa de Bioética del Hospital de Clínicas, el centro de salud actuó en forma correcta. “Si el estado vegetativo se alcanza por un trauma y esa situación se mantiene por un año, plazo fijado para acudir a la Justicia, hay consenso internacional para que se retire el sostén vital”, sostuvo el especialista.

Sin embargo, los dictados de la razón chocan contra los sentimientos de la familia que interpreta cada movimiento o gesto del niño como signos de vida, cuando en realidad son síntomas involuntarios que no registran un estado de conciencia, explicaron los especialistas. Lo razonable está encarnado en el personal médico que busca “no continuar con el encarnizamiento médico”, con el fin de “aprovechar el uso de tecnología en otros pacientes que tienen posibilidades de sobrevivir”, evaluó Tealdi.

El apoyo a la familia es una de las sugerencias de la comunidad médica internacional que deberían tener en cuenta los profesionales a la hora de evaluar este tipo de medidas. “Los médicos siempre tienen que apuntar a esa búsqueda. Cuando la familia se opone, como ocurre en este caso, los profesionales de la salud deben acudir a la Justicia porque no tienen potestad por sí solos de proceder al retiro”, explicó el especialista, aunque sugirió que no es el camino más recomendable.

Similar posición expresó María Elisa Barone, integrante del Comité de Etica del Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de Ablación e Implantes (Incucai), otra de las especialistas consultadas por Página/12. “Estas decisiones se deben tomar con el acuerdo de la familia y en un marco de absoluto respeto hacia el paciente y su entorno, independientemente de la edad del primero”, destacó.

El respaldo que recibió la familia de la comunidad de Puerto Madryn y del propio gobernador de Chubut, Mario Das Neves, de un lado, y del otro las declaraciones de personal médico del hospital reiterando la situación irreversible del paciente, perfila que la discusión continuará por los carriles judiciales. Ayer, el jefe de división del Comité de Bioética del hospital, Juan Carlos Coronel, señaló que se mantendrá “el soporte vital de Brian todo el tiempo necesario” y que “se cumplirá con lo que la Justicia disponga”. Y agregó en referencia a los padres que “ellos esperan un milagro, que a nivel científico no es esperable”.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se sumó a la polémica y llamó a discutir los casos de pacientes con muerte cerebral mantenidos vivos artificialmente porque consideró que “será el tema médico de los próximos años”. “Hoy se puede lentificar la muerte muchísimo. Nos falta todavía una discusión social y sobre todo leyes que se adecuen a estas nuevas posibilidades” que brindan la ciencia médica y farmacológica, señaló.

Al término de la feria judicial, la jueza María Fernanda Palma deberá expedirse sobre la presentación del hospital en la que se le solicita “opinión sobre el caso”. En las últimas horas se sumó la objeción del defensor público de la Asesoría de Menores, Rodolfo Blanco, que amparado en el “derecho a la vida” se opuso a una eventual decisión de desconectar el respirador.

Para ambos especialistas en bioética consultados por este diario, no es aconsejable que el tema se resuelva en la Justicia. “Es muy difícil que un juez obligue a retirar el respirador. El hecho compulsivo está justificado desde la razonabilidad de la decisión, pero no desde los deseos y el dolor de la familia. Lo que sí puede hacer es recomendar que las partes en disputa, el Comité de Etica, los profesionales de la salud y la familia se pongan de acuerdo y que se explique a los padres en lenguaje adecuado la situación del niño.”

En caso de que el conflicto avance en la esfera judicial, Tealdi vaticinó que directamente sería girado a la Corte Suprema de Justicia, que a su vez, según su opinión, tampoco “se arriesgaría a fallar por el retiro coercitivo de la medida de sostén vital”. “Por todas estas complicaciones es necesario generar un espacio de debate público”, reiteró.

“El país se merece un debate sobre esta cuestión, es uno de los grandes temas pendientes en medicina, ya que no abarca sólo lo médico sino que también involucra el aspecto social y el jurídico”, sostuvo en consonancia Barone. “No sólo está pendiente en la Argentina, sino en muchos otros países en donde no se legalizó la práctica de la eutanasia”, y manifestó que el caso paradigmático es el de Karen Anne Quinlan en la década del ’70, a quien luego de un largo debate se desconectó el respirador que la mantenía con vida y sobrevivió por diez años más.

“El tema no pasa por una cuestión de costos médicos sino por un tema de calidad de vida. Por eso hay que analizar todo y darle al paciente, en el caso de ser necesario, una muerte digna”, opinó Barone.

Tealdi dijo que en el caso de Brian no hay que hablar de eutanasia. “La eutanasia se aplica cuando el paciente aún tiene posibilidades de vida y se le provoca la muerte” para evitar un sufrimiento mayor, mientras que en este caso “no hay ninguna posibilidad de sobrevida fuera de toda la aparatología que lo sostiene”.

Informe: Elisabet Contrera.