La Cámara de Casación bonaerense resolvió aceptar como particular damnificado en el caso Grassi a “Gabriel”, el joven que en principio había acusado al cura por abuso sexual y luego, en un oscuro trámite judicial, desistió de ser parte en la causa. Según el abogado defensor del joven, “con este fallo se cae el endeble argumento sostenido por la defensa de Grassi, respecto de que la víctima se había arrepentido y había desistido de la acusación” por abuso sexual. La Cámara dispone que se anule todo lo actuado desde el momento en que se impidió la participación del chico: esto implica que deberá volver a efectuarse la “audiencia de prueba” para el juicio oral contra Grassi, en la cual se determina qué elementos deberán ser considerados por el tribunal. Entre ellos, podrá incluirse una pericia que compromete seriamente al cura y que no había sido aceptada en la primera audiencia. Según la Cámara de Casación, se había “conculcado, respecto de ‘Gabriel’, la garantía de defensa en juicio al impedirle arbitraria e infundadamente su participación en el proceso”.

La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, por el voto unánime de Carlos Alberto Mahiques, Jorge Hugo Celesia y Fernando María Manzini, haciendo lugar al recurso interpuesto por los abogados Eduardo Valdés y Gastón Carrere.

El 24 de noviembre de 2005, “Gabriel” se había presentado ante el Tribunal 4 de Morón, entonces a cargo de la causa, con el propósito de revocar la designación de quien entonces era su abogado, Juan Pablo Gallego. Según su actual abogado, Eduardo Valdés, “en esa oportunidad, sospechosamente, personal judicial lo indujo a agregar en el mismo escrito su renuncia a ser particular damnificado, cuando ésa no era para nada su intención”. El joven era “el único que había quedado como querellante en la causa que se formó a partir del informe de Telenoche Investiga, ya que los otros dos habían sido cooptados por el cura Julio Grassi y se habían retirado de la causa. El objetivo era hacer creer a la ciudadanía que se estaba en presencia de una causa carente de víctimas y por ende sin elementos para inculpar al imputado”.

En febrero de 2006, cuando Valdés se hizo cargo del patrocinio del joven, apeló la aceptación de la renuncia a presentarse como damnificado, “ya que una renuncia de este tipo debe ser presentada con patrocinio letrado”. El tribunal 4 de Morón desestimó la apelación, y en el mismo sentido se pronunció la Cámara de Garantías de la misma localidad. Los patrocinantes de “Gabriel” utilizaron su última chance, el recurso ante la Cámara de Casación. En su fallo, la Cámara puntualiza que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció reconociendo que el acceso a la jurisdicción por parte de la víctima de un delito deviene un derecho fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del proceso criminal”.

“El fallo me sorprendió –cuenta Valdés–: habitualmente, Casación devuelve la causa al tribunal inferior encomendándole que vuelva a fallar, pero en este caso decidió directamente sobre el fondo de la cuestión: ordena que Gabriel se incorpore como querellante y que se lleven a cabo nuevamente todos los actos procesales que se habían hecho sin su presencia.”

Esto incluye la fundamental “audiencia preliminar”, en la que se determina qué pruebas se tomarán en cuenta para el juicio oral. El Tribunal 4 no había incluido entre las pruebas una pericia psiquiátrica que comprometía fuertemente al cura Grassi. Posteriormente, la Cámara de Garantías de Morón separó a los integrantes de este tribunal, por parcialidad, de la causa, que recayó en el tribunal 1 de la misma localidad. Estos jueces deberán volver a efectuar la audiencia preliminar al juicio oral, tomando en cuenta las pruebas que propongan los representantes de “Gabriel”. Valdés estima que, luego de todos estos incidentes, el juicio oral –por abuso deshonesto de menores y corrupción agravada– tendrá lugar “a fines de este año”.