“Es un informe de los primeros cinco meses de un plan a 10 años”, aclaró la secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, al inicio y al final de su presentación ante la Corte Suprema de Justicia. La funcionaria dio algunas precisiones sobre lo hecho en los últimos cinco meses para sanear el Riachuelo-Matanza, pero también dejó abiertas algunas incógnitas: presentó un relevamiento sobre un total de 306 empresas instaladas sobre la margen del río (curtiembres, frigoríficos y de galvanoplastia), pero no se sabe qué ocurre con el resto de las industrias; precisó que se distribuye agua potable entre la población afectada y que se realizan programas de capacitación para profesionales de la salud, pero admitió que no hay planes activos para atender a la población afectada por la contaminación; anunció el desmantelamiento de las plantas químicas en el Dock Sud, pero aclaró que “no dan los números” para hacer plantas de tratamiento óptimo de líquidos cloacales. La exposición de la funcionaria fue seguida desde afuera por una movilización de organizaciones vecinales que reclaman por la limpieza del Riachuelo.

“No vamos a discutir las políticas de Estado con las empresas, sino la manera de instrumentarlas”, enfatizó Picolotti ante Página/12, en relación con la resistencia de algunas de las empresas químicas radicadas en Dock Sud a abandonar el lugar, tal como lo dispuso el Gobierno en septiembre del año pasado.

Se trata de diez depósitos de químicos instalados en un sector de Dock Sud, sobre la margen del Riachuelo, pertenecientes a otras tantas empresas. Una de ellas, la multinacional Dow Chemical, ya aceptó su traslado y el 31 de marzo ya no estará en ese lugar. Sobre las otras nueve, hay conflicto con dos, que se resisten a la relocalización: Orvol y Tagsa. Sobre la primera, la Secretaría de Ambiente dictó una orden de desalojo.

Si bien las empresas aseguran que no contaminan, Picolotti dijo ayer que “está comprobado que lavan sus tanques y vierten los líquidos en el río”. Las empresas están instaladas en un terreno que es propiedad de la provincia de Buenos Aires y el permiso de uso venció en enero de 2006. No se habla todavía de la relocalización de las petroleras, ubicadas sobre el Río de la Plata, que son las que más contaminan.

La audiencia fue convocada por la Corte en la causa iniciada por un grupo de vecinos, y en la que el tribunal intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a concretar un plan de saneamiento de la cuenca. Picolotti presentó ese plan el 5 de septiembre último y ahora, cinco meses después, la Corte pidió un informe de lo que se había hecho. Estuvieron presentes cinco de los siete ministros: Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.

Picolotti detalló ante los jueces que fue otorgada una línea de créditos blandos a través de nueve bancos por un total de 200 millones de pesos, para la reconversión de las industrias (pequeñas y medianas empresas) radicadas en la cuenca. También se destinarán subsidios por 60 millones para proyectos ambientales.

La funcionaria precisó con qué recursos materiales y humanos cuenta para las tarea de control y prevención: 150 personas fueron afectadas a la Autoridad de Cuenca –que ella preside– de las cuales 60 son inspectores de la Secretaría de Ambiente, 50 pertenecen a la provincia, a la ciudad de Buenos Aires y a los municipios, y 40 son miembros de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. También cuenta con 20 camionetas, embarcaciones y helicópteros (en número no determinado, provistas por el Ministerio del Interior) y laboratorios fijos.

Picolotti hizo una reseña de las medidas adoptadas desde el 5 de septiembre último:

- La creación por ley de la Autoridad de Cuenca.

- Se conformó la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.

- Fue creado el cuerpo de Policía Ambiental.

Un capítulo especial de la presentación estuvo dedicado a la asistencia social y sanitaria de la población afectada. El acento estuvo puesto en los habitantes de Villa Inflamable, la población de Dock Sud más vulnerable a la contaminación. Allí, detalló Picolotti, se distribuyen 100 mil litros de agua por mes en bidones y canillas comunitarias. “También se empezaron a instrumentar programas de vigilancia epidemiológica y de capacitación para los equipos de salud, con el fin de que puedan detectar enfermedades originadas en la contaminación y volcarlas en las historias clínicas”, explicó.

Sin embargo, cuando la ministra Elena Highton de Nolasco preguntó si hay políticas activas para ir a buscar a sus casas a los posibles afectados, “que tengan urgencias mayores y no puedan ir a un hospital”, Picolotti reconoció que no existe un programa de ese tipo. En la cuenca del Riachuelo-Matanza viven 7.266.000 personas, de las cuales 2 millones están en situación de riesgo.

Entre el 18 de diciembre y el 16 de febrero, precisó la funcionaria, fueron inspeccionados 306 establecimientos industriales: 115 frigoríficos, 114 curtiembres (el 100 por ciento de esas industrias) y 77 empresas dedicadas a la galvanoplastia (el 54 por ciento del total).

Del relevamiento surge que el 36 por ciento de las curtiembres no tiene planta de tratamiento de efluentes líquidos. Sólo siete establecimientos –que representan el 50 por ciento de la producción de cueros– adhirieron al plan de reconversión industrial.

Picolotti presentó también el plan de obras de agua corriente, cloacas y desagües, que en su gran mayoría benefician a los municipios del Gran Buenos Aires, pero que también incluye algunos puntos en La Boca. También se refirió a la ampliación de plantas de tratamiento de efluentes cloacales y la construcción de dos nuevas, en la ciudad de Buenos Aires y en Berazategui.

Sobre ese punto, el ministro Juan Carlos Maqueda pidió precisiones acerca de cuándo estarían concluidas y si el tipo de tratamiento que se daría a los desechos sería primario (el más rudimentario) o el secundario (menos contaminante). Picolotti admitió que si bien las recomendables son las plantas de tratamiento secundario, las que se van a construir son plantas de pretratamiento. “No nos dan los números para una planta mejor –reconoció–. De todas maneras, los resultados serán mejores que los actuales, ya que ahora se están arrojando los desechos en crudo”, afirmó. No dio precisiones sobre fechas, pero aclaró que la ciudad deberá hacerse cargo, junto con Nación, de la financiación de la planta de tratamiento porteña. “Es hora de que la ciudad se haga cargo de los residuos que genera y deje de volcarlos en la provincia”, sentenció.

El último punto es el de la eliminación de basurales en los municipios no adheridos a la Ceamse. “En abril se licitará un centro de tratamiento de residuos sólidos en los partidos de Cañuelas y Las Heras, por valor de 3 millones de pesos. Habrá plantas de separación en la que podrán participar los cartoneros de la zona”, explicó la secretaria. Otra obra por 2,3 millones, para la limpieza de las márgenes del río (con excepción de la ciudad de Buenos Aires) está en proceso de adjudicación.

Con el ruido de la protesta como fondo, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, preguntó qué lugar tiene en el plan oficial la participación comunitaria. “Hay espacios para las organizaciones ambientalistas y comunitarias. Pero no es nada fácil, ya que hay un gran escepticismo entre la gente de la cuenca”, respondió la funcionaria. Entonces, cuando habían transcurrido 80 minutos desde el inicio, la audiencia se dio por concluida.