“No hay un plan sanitario que vaya en busca de los que ya están sufriendo la contaminación”, lamentó el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, después de la audiencia. “No existe una política activa de salud que permita la atención preventiva de los posibles damnificados”, coincidió Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Tanto el funcionario como la ONG son parte en la causa iniciada por un grupo de vecinos para exigirle al Estado el saneamiento del Riachuelo.

Mondino destacó que Picolotti presentó ante la Corte “un gran plan de obra pública” y medidas sociales, “pero el plan sanitario que reclaman los vecinos y nosotros, como codemandantes, no está”. “Hoy, hay partes de la ribera en que la contaminación está produciendo daños irreversibles. Necesitamos un plan sanitario: si hay un chico que tiene plomo en la sangre, hay que ir a buscarlo y tratarlo de manera inmediata en lugar de esperar que la madre lo lleve al hospital”, enfatizó el ombudsman.

Por su parte, la FARN destacó la iniciativa de la Corte como “un hecho positivo que permite el seguimiento del plan” presentado por el Gobierno en 2006. Sobre la presentación de Picolotti, hizo algunos comentarios críticos:

- No se cuenta con información precisa y actualizada de las industrias radicadas en la cuenca y los vertidos que produce cada una. Además, existe una contradicción con información anterior brindada por la secretaría: en diciembre se mencionó la existencia de 220 curtiembres, mientras que hoy (por ayer) se habló de 114.

- “Seguimos sin saber cuántos son los afectados por la contaminación, su composición, dónde están y cuáles son las principales patologías.

La entidad reclamó que, “dada la complejidad de las causas ambientales, especialmente la problemática de la cuenca Matanza-Riachuelo, es necesario que la Corte incorpore de manera inmediata un cuerpo técnico pericial” para brindarle asesoramiento de manera que pueda evaluar las acciones realizadas o proyectadas.

Por su parte, la titular del Inadi, María José Lubertino, destacó que “por primera vez el Estado nacional asume el problema de la contaminación ambiental en el Riachuelo”. La funcionaria le reclamó a la Secretaría de Ambiente “que amplíe la participación de los sectores sociales afectados en la discusión de las políticas y en su ejecución”. Y comentó que pidió a las autoridades del Onabe –el organismo administrador de bienes del Estado– que congele la enajenación de los terrenos que ese organismo tenga en la cuenca del Riachuelo “para evitar la acción de los lobbies inmobiliarios, ya que va a aumentar el valor de esas tierras”.