Elisa Soto miró y volvió a mirar: su hijo no aparecía en la lista. Pidió hablar con alguna autoridad de la escuela. “Trabaja rápido, pero es muy inquieto, le cuesta acatar algunas consignas dadas acerca de los tests”, le indicó el informe psicológico. Elisa no entendió.

–¿Pero por qué no entra? –preguntó.

–No tengo la respuesta, la última palabra la tiene el director.

La mujer nunca pudo hablar con el director. La secretaria le informó que en el test de conocimientos su hijo había hecho tres ejercicios “muy bien” y dos “bien +”, mientras había nenes que tenían todos excelentes.

–¿Ese fue el motivo? -–insistió Elisa.

–En parte sí...

Así fue como F., su hijo de cinco años, quedó afuera del ciclo 2007 del Colegio Don Bosco, de la ciudad de Buenos Aires. “Lo que me puso mal es la falta de transparencia, no fueron limpios todo el tiempo, sentí una especie de estafa”, cuenta la madre. Su caso reabre la polémica sobre el derecho de admisión que sostienen a rajatabla las escuelas privadas. Un fallo de la Justicia acaba de ponerle límites: un magistrado ordenó la reinscripción de un chico de siete años que había sido dejado sin vacante de una escuela platense por supuesta “mala conducta”. Los especialistas advierten que no se debe confundir la cuestión pedagógica con la administrativa o disciplinaria. En el Ministerio de Educación de la ciudad avalan la situación y sostienen que el derecho a la educación está garantizado “en la escuela pública”.

A Norma Silveira le pasó algo similar con su hijo M., también de cinco años, en la escuela católica Don Bosco, ubicada en Solís y Moreno. Después de haber pasado tres exámenes para entrar (por los que tuvo que pagar 50 pesos), uno psicológico, uno de conocimientos y uno lúdico, le dijeron que el chico no entraba porque no rindió bien el psicológico. “El informe decía que era agresivo, egocéntrico, con poca tolerancia a la frustración. Los informes del jardín son totalmente diferentes. Me puse muy mal, porque era un examen como de otra criatura. Fue un choque muy grande también para el nene, se quedó triste”, cuenta ella.

Las dos habían sentido cierto escozor cuando les dijeron que sus hijos tendrían que rendir examen a esa edad, pero la propuesta académica les parecía atractiva y también les cerraba el precio: pagarían 187 pesos por la jornada completa, una cifra mucho más accesible que gran parte de los colegios privados.

Para Isabel Fernández, licenciada en Psicología especialista en violencia escolar, éstos no son casos excepcionales: “La escuela tal como se desenvuelve en la actualidad está expulsando a muchos individuos, sea por su condición de clase, su pertenencia a una minoría, una etnia particular, por ser portadores de un determinado fenotipo, por no saber cómo adaptarse y/o defenderse y por expresar su resistencia a través de la violencia. En las escuelas se ve la discriminación desde distintos puntos. Por un lado estaría el no permitir la entrada a determinados niños, y otra cuestión es el ‘trabajo fino’ que se hace durante un período de clase a fin de que los mismos alumnos sean los que ‘pidan’ irse de la escuela”.

La Defensoría del Pueblo de la ciudad viene recibiendo denuncias de este tipo desde el 2003. Desde entonces, circula un proyecto de ley para regular el derecho de admisión que ejercen las escuelas privadas, tanto laicas como religiosas, pero todavía no tuvo tratamiento. “El proyecto plantea que los establecimientos, cuando nieguen la inscripción, lo tienen que hacer por escrito. Entonces, de alguna manera, la cuestión queda objetivada. Lo mismo cuando niegan la rematriculación. Si eso no está debidamente fundamentado y por causa objetiva, no puede permitirse”, explica Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto.

Hay casos de escuelas que sancionaron a la hermana de preescolar de un alumno del secundario que se portaba mal. A Diana Rolón le pasó algo así. Sus dos hijos, E. y A., de 6 y 5 años, fueron al Colegio Argentino Arabe de San Cristóbal, durante dos y dos años, respectivamente. Cuando en febrero de 2006 fue a la escuela a matricularlos, después de haber reservado vacante, le dijeron que el mayor la había perdido. “Les digo: ‘¿Pero como puede ser?’. Me dicen que como mi sobrino no iba, pensaron que ellos no iban a ir. Fue la única contestación que me dieron, no me dieron nada por escrito. Faltaba una semana para que empezaran las clases. Me pusieron en lista de espera, y jamás me llamaron. Había comprado la ropa de la escuela... Yo creo que me discriminaron porque me había separado y porque mi sobrino, que iba a la misma escuela, tenía problemas de conducta.” Hasta ahora E. le sigue pidiendo volver al colegio donde iba.

“Es que las escuelas mezclan cuestiones. Las cuestiones disciplinarias tienen su propio tratamiento, no pueden decir que es un chico revoltoso o que los padres se atrasan por las cuotas, eso también tiene un régimen aparte. Los problemas de los adultos los tienen que decidir los adultos. No tienen sustento pedagógico y desde la ética. Tratamos de que esto se regule, porque instalamos que el derecho de admisión no es un derecho absoluto. Esto está amparado por una norma de la dictadura militar”, dice Lesbegueris. Se trata de la resolución 641 del Ministerio de Educación de la Nación dictada en 1981.

En 2004, la entonces secretaria de Educación de la Ciudad, Roxana Perazza, dijo que había que prohibir la aplicación de ese derecho en las escuelas, pero nada ha cambiado desde entonces, más que los nombres de quienes encabezan la cartera educativa. La flamante ministra Ana Clement derivó la consulta con María Beatriz Jáuregui, directora general de Educación de Gestión Privada, quien explicó que “el derecho de admisión está inscripto en el Código Civil”. Y agregó que la relación entre los padres y la escuela “no es diferente de otra relación entre privados, porque el derecho a la educación ya lo garantiza el Estado con las escuelas públicas y porque entre los privados también hay distintas opciones”.

–¿Por qué denuncian los padres entonces? –preguntó Página/12.

–Porque las familias confunden varios conceptos. Se toma la no matriculación o rematriculación como la violación de un derecho que en realidad ya está garantizado –definió Jáuregui.

Para Mónica Pini, doctora en Educación y directora de la Maestría en Educación, Lenguajes y Medios de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), “sería importante que el Estado garantizara que tanto las escuelas públicas como las privadas admitan y orienten a los chicos desde criterios educativos y que no se utilicen otros criterios extrapedagógicos. Y que el funcionamiento de la escuela responda a esos principios, porque los principios pedagógicos no son sólo para dentro del aula, sino para dentro de toda la institución y tienen que tender a ser lo más democráticos posibles, sin evadir la responsabilidad que nos corresponde como adultos. Esto de rendir examen a los 6 años habla de separar a los de buen desempeño de los de peor. Clasifica por rendimiento con la intención de seleccionar a los mejores, el problema es que la gente no cuestiona la meritocracia, salvo cuando la excluye. Esto no existiría si los padres y las madres fueran conscientes de que todos los chicos tienen los mismos derechos y rechazaran esos mecanismos de selección y clasificación”.