Las recomendaciones del Observatorio Argentino de Bioética intentan influir en las políticas públicas para garantizar el derecho al aborto terapéutico previsto en la ley. Aquí, un resumen del documento.

Recomendaciones
asistenciales:

Brindar toda la información médica relevante y pedir el consentimiento informado: El aborto practicado por motivos terapéuticos es legal en la Argentina y el personal médico debe informar a la mujer acerca de la posibilidad de practicarlo.

Evitar la solicitud de autorizaciones judiciales innecesarias: El Código Penal establece que, para un aborto terapéutico, es suficiente el consentimiento de la mujer. Los profesionales no tienen que requerir una autorización judicial.

Asegurar la atención de los abortos terapéuticos: Los hospitales públicos no pueden negarse a realizar abortos terapéuticos. El Estado debe garantizar los recursos necesarios para resguardar el derecho.

- Recomendaciones
legales:

Interpretar sin restricciones el aborto terapéutico: El aborto no se encuentra penado si hay peligro para la vida o peligro para la salud de la mujer. No se requiere certeza de muerte y el peligro no tiene por qué ser grave, ya que la norma no califica el peligro. El aborto terapéutico procede cuando existe tanto un peligro para la salud física como para la salud psíquica.

Facilitar el acceso a un aborto seguro: Las normas existentes son suficientes para garantizar el acceso a los abortos terapéuticos. Sin embargo, la existencia de normas o protocolos que reglamenten los deberes de los profesionales de la salud podría facilitar el derecho a acceder a un aborto seguro.

Evitar el ejercicio abusivo del derecho a la objeción de conciencia: Frente a la objeción de conciencia de un profesional para llevar adelante el aborto terapéutico es necesario asegurar la inmediata derivación de la mujer a otro profesional.

Garantizar el acceso a la Justicia y los derechos de las mujeres: Cuando los hospitales se niegan a realizar los abortos no punibles, las mujeres pueden reclamar ante la Justicia que se los obligue a realizar la práctica.

Responsabilizar a quienes obstruyen el ejercicio de un derecho: La garantía de los derechos significa crear los mecanismos institucionales a fin de responsabilizar a los funcionarios (profesionales de la salud, autoridades sanitarias, jueces) que impiden el ejercicio del derecho.