El gobierno de Formosa impulsó en 2004 la reconstrucción de la ruta provincial 28, una de las más transitadas, bacheadas e inundables de la región. La obra le llevó tres años y 30 millones de pesos. Pero, por la misma obra, ahora se inundan las parcelas de 1250 familias, compuestas por productores criollos y pueblos indígenas que obtenían su alimento de esas tierras hoy inutilizadas. Desde hace dos años exigen recuperar sus chacras y reclaman indemnizaciones por las pérdidas, pero el gobernador Gildo Insfrán subió la apuesta: impulsó una ley que declara todas esas tierras de “dominio público”, no paga por ellas y las hace factibles de expropiación. La medida, dicen los pobladores, desconoce la propiedad ancestral del territorio, afecta a tres pueblos originarios (toba, wichí y qom) y “viola leyes provinciales, nacionales y pactos internacionales que legislan sobre derecho indígena”. Desde hace un mes, los campesinos cortan la ruta nacional 81, la principal de la provincia, en reclamo de una solución y, días atrás, una delegación le trajo el reclamo al ministro del Interior, Aníbal Fernández.

“La obra producirá un desastre ambiental”, había dicho a este diario, en julio de 2004, un representante de la comunidad pilagá de Campo del Cielo, afectada directa por la obra, que fue financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A tres años de la advertencia, 70 mil hectáreas están bajo las aguas, se perdieron 40 mil vacunos y se estiman pérdidas por 7,5 millones de dólares, todo según cifras de la Asociación de Productores de Bañado La Estrella (Aprobae).

La Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que acompaña el reclamo junto con los criollos e indígenas, aporta una lectura que muchos comparten en Formosa: “Esas tierras, con manejo de agua, cobran valor. El gobierno vio el negocio y quiere quedarse con esas 400 mil hectáreas. Primero las inunda, echa a los poseedores ancestrales y luego las recupera para venderlas”.

La ruta provincial 28 atraviesa la provincia de norte a sur. Es una vía estratégica de comunicación y todos los sectores reconocen que su reconstrucción era necesaria. Pero no coinciden en la forma en que se hizo: se elevó el pavimento entre 75 centímetros y cinco metros, en un tramo de cuarenta kilómetros de zona inundable. El objetivo era evitar que la ruta vuelva a inundarse y, al mismo tiempo, crear un reservorio de agua. En 2004, la comunidad pilagá cercana a la obra denunciaba que sería afectado el Bañado La Estrella –el segundo humedal más importante del país, luego de los Esteros del Iberá, de entre 10 y 20 kilómetros de ancho por unos 300 kilómetros de largo–, que obtiene sus aguas del río Pilcomayo, en el noroeste provincial.

Por su dinámica natural, el Bañado desborda durante enero de cada año y baña la región hasta agosto, cuando el agua baja. Desde hace 60 años se repite el ciclo, dejando a su paso pasturas muy ricas que permiten un engorde natural de los animales. Pero desde hace dos años, en coincidencia con la obra vial, el agua comenzó a acumularse, escasean las pasturas y flaquean los vacunos, que además sufren severas lastimaduras de cardúmenes de pirañas autóctonas.

“Hay pequeños productores que tienen bajo el agua el 80 o 90 por ciento de sus tierras. No pueden producir, tuvieron que vender sus animales y están a un paso de la ruina. Hace 60 años que viven ahí y en dos años, por estas obras inconsultas, pierden todo. Alteraron todo el ecosistema”, afirma Víctor Hugo Ruiz, secretario de Aprobae, nacido y criado en la zona.

Cuando a fines de 2003 se impulsó la reconstrucción de la ruta, las comunidades indígenas de la zona advirtieron la violación de tres leyes fundamentales: el artículo 79 de la Constitución de Formosa, el artículo 75 de la Constitución nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió con rango constitucional. Esas normas establecen que las acciones que pudieran modificar la forma de vida de los pueblos indígenas deben realizarse en consenso con esos pobladores. Ninguna de las tres comunidades pilagá involucradas –unas 120 familias– fue consultada. Incluso una de las ellas, Campo del Cielo, denunció al Estado provincial ante la Corte Suprema de Justicia por violación del Convenio 169.

“Ya tienen nuestra tierra. Está difícil el asunto. Recién en agosto tendremos una reunión con el gobierno provincial”, afirmó el presidente de la Federación Pilagá de Formosa, Bartolo Fernández, referente de 18 comunidades.

Para agravar la situación, en mayo de 2005 el gobierno provincial sancionó la ley 1471, que declara de “dominio público” todo el Bañado la Estrella, unas 400 mil hectáreas donde viven –desde hace décadas, incluso desde principios de siglo– 1250 familias, algunas con títulos de propiedad y la gran mayoría con posesión ancestral, tanto criollos como comunidades pilagá, wichí y qom. La norma, dicen los habitantes, viola la Constitución nacional y el tratado internacional de la OIT, y no contempla resarcimiento por expropiación ni por los daños ocasionados.

Los pobladores reclaman además porque el gobierno no cumplió con el acuerdo celebrado en abril, después de diez días de corte de ruta: debía conformarse en siete días una comisión de trabajo entre los productores y el gobierno para debatir sobre la titularización de las tierras, el manejo conjunto del agua y resarcimientos de daños producidos por la obra. A tres meses de la promesa, aún no se conformó la comisión y por eso los productores volvieron a cortar la ruta.

“Estos productores no quieren acordar, tienen intereses políticos. No quieren entender que el aumento del Bañado se debe a las inusuales lluvias que este año hubo en Bolivia. Y no se entiende que rechacen la ley 1471, que es de avanzada, ya que preserva 400 mil hectáreas para que sean de todos los formoseños, prohíbe la extranjerización. Esa actitud me hace pensar que quienes dicen trabajar la tierra quieren hacer negocios inmobiliarios”, replicó el ministro de Producción de Formosa, Luis Basterra.

Desde los productores y pueblos originarios no tardaron en contestarle. Niegan que quieran vender sus tierras y, como prueba de ello, piden que se les otorguen “títulos de posesión intransferibles”. “Es indignante que desde el gobierno se diga semejante falsedad. Los criollos y las comunidades viven allí desde siempre, lo último que quieren es irse de ahí y por eso luchan para quedarse. El gobierno debiera declarar de dominio público las estancias de los grandes empresarios, que sólo usan la tierra para especular. Pero ellos se meten siempre con los pobres”, denunció el abogado indigenista Julio García, que interviene en la causa.