Los habitantes del pueblo de San Benito, ubicado a 200 kilómetros de Paraná, marcharán hoy en reclamo de justicia para Fernanda Aguirre, al cumplirse tres años de su desaparición. Pero este nuevo aniversario estará teñido por las acusaciones y sospechas que originó la suspensión del juicio oral contra los dos imputados del secuestro de la niña. La postergación surgió luego de conocerse el decreto provincial que otorgaba la jubilación a uno de los jueces a cargo del proceso. El magistrado beneficiado aseguró que se trata de una maniobra del gobernador entrerriano, Jorge Busti, “para sacarlo del medio”. Desde el gobierno provincial se defendieron recordando que el trámite lo había iniciado el propio juez. Esta acusación provocó dos movimientos del lado de la defensa: el abogado de uno de los acusados podría correrse de la causa alegando que no están dadas las garantías para su defendido. En tanto, la letrada de la otra imputada presentaría un pedido de excarcelación.

El comienzo del juicio estaba anunciado para el 30 de julio. La Sala I de la Cámara del Crimen, integrada por Hugo Perotti, Felipe Celli y Ricardo González, estaba a cargo del juzgamiento de los dos imputados por el secuestro extorsivo de la niña: Mirta Chávez, acusada de llamar a la familia Aguirre para pedir el rescate de dos mil pesos. Es la viuda de Miguel Angel Lencina, acusado de secuestrar a Fernanda y que apareció ahorcado en la celda de la comisaría 5ª de Paraná.

El otro imputado es primo de Lencina, Raúl Monzón, detenido bajo el cargo de partícipe secundario, porque habría dado albergue a la pareja en los días posteriores al secuestro de la joven, que tendría hoy 16 años.

Cuando estaba todo listo para comenzar, el decreto 3286, firmado por el gobernador Jorge Busti, con fecha del 5 de julio, modificó los tiempos del proceso al conceder al juez Celli el beneficio de jubilación ordinaria común, trámite que había iniciado el mismo magistrado en octubre de 2006.

El magistrado, reconocido por su perfil garantista, reaccionó con dureza a la notificación y en diálogo con Página/12 acusó al gobierno provincial de “querer sacarlo del medio”. “Hay una suerte de pánico de que el caso de Fernanda se convierta en un escándalo como el caso María Soledad (Morales). Aquí están de por medio dos muertes. Una, la víctima y otra, el supuesto victimario, muerte que nunca fue investigada y por la cual no saltó ninguna cabeza en la policía, encargada de la custodia de un delincuente tan peligroso”. Su decisión de continuar con el juicio estaba basada en una promesa del Superior Tribunal de Justicia. “Les dije que iba a iniciar el trámite, pero con la condición de que si salía antes del juicio yo continuaría igual.”

Sin embargo, las supuestas presiones del gobierno provincial lo llevaron a decidir finalizar en sus funciones el 1º de agosto. En diálogo con este diario, el secretario de Justicia entrerriano, José Halle, negó las acusaciones del magistrado y aclaró que el decreto es una “ratificación a la resolución de la Caja de Jubilación”. Además aseguró que si continuará el juicio con su presencia en el estrado la querella tendría un elemento fuerte para pedir la nulidad del proceso. “Al estar jubilado no puede ser sujeto a responsabilidades.” El mismo argumento utilizó el abogado de la familia Aguirre, Julio Federik, quien hubiera pedido la recusación del juez si éste no desistía en sus planes de encabezar el proceso. “No iba a permitir que eso perjudicara el desarrollo del juicio. Y además, si hay presiones contra el juez, me gustaría saber cuáles son para denunciarlas.” Luego, sostuvo: “Si el juicio comienza en tres meses o 20 días, nos da lo mismo, porque la situación de los acusados es complicada y eso no se va a modificar”.

Lo que no se tiene en cuenta es que esta dilación puede abrir las puertas a la excarcelación de los implicados. Nora Lanfranqui, abogada defensora de Mirta Chávez, evalúa la posibilidad de solicitar la libertad de su defendida que el próximo 5 de agosto cumple tres años de prisión preventiva. Por su parte, el letrado de Raúl Monzón, José Iparraguirre, estaría a punto de dejar la defensa, ya que considera que no están dadas las condiciones para que se realice un juicio justo. “A días del inicio de la audiencia, el presidente del tribunal es desplazado con una jubilación anticipada, a lo que se suman todas las irregularidades del procedimiento. Creo que no están dadas las garantías para un debido proceso.” El gobierno provincial ya envió una carta-documento al letrado en la cual solicita que se rectifique en sus dichos. “Nunca le importó la suerte de Fernanda, siempre buscó entorpecer la causa”, aseguró Halle en referencia a Iparraguirre, miembro de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. Mientras tanto, la investigación por la búsqueda de la joven sigue arrojando resultados negativos. María Inés Cabrol, la mamá de Fernanda, acaba de regresar de Brasil siguiendo una nueva pista y hoy marchará por las calles de San Benito para pedir una vez más por su hija desaparecida.

Informe: Elisabet Contrera.