Los fabricantes de ropa deportiva de cinco grandes marcas son investigados por el empleo de inmigrantes ilegales en la producción de las prendas que comercializan en el mercado local. Así se desprende de la denuncia que el viernes presentó el gobierno porteño contra una empresa que trabaja para esas marcas y a su vez subcontrata a talleres textiles donde los obreros trabajan en condiciones violatorias de las leyes. A la denuncia penal presentada por la Procuración de la ciudad se sumará hoy la Defensoría del Pueblo porteña, que realizó su propia investigación a partir de la información proporcionada por la Unión de Trabajadores Costureros.

La denuncia penal involucra a la empresa Textil Delos SA, ubicada en Avenida Cobo 1821, en el barrio de Parque Chacabuco. Allí se producen prendas para las marcas Puma, Bensimon, Le Coq Sportif, Topper y Arena, pero los 55 obreros que allí trabajan no alcanzan a confeccionar la cantidad de prendas demandadas, por lo cual Delos subcontrata a por lo menos dos talleres, donde se detectaron una serie de irregularidades y “el posible delito de promover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros con el fin de obtener un beneficio”, explicó a Página/12 el subsecretario de Trabajo porteño, Ariel Lieutier. Ese delito, contemplado por la ley 25.871, de Migraciones, prevé penas de uno a seis años de prisión.

Los talleres en infracción son los ubicados en Zelarrayán 1855 y en Juan Bautista Alberdi 4619, que fueron inspeccionados por la Subsecretaría de Trabajo porteña. “En el primero detectamos trabajadores indocumentados provenientes de Bolivia y Perú, que trabajan en negro, y algunos dijeron cobrar tres pesos la hora”, relató Lieutier a este diario. En el de Alberdi “también había extranjeros sin permiso de trabajo en el país, algunos de los cuales cumplían jornadas de trabajo de catorce o quince horas y otros que dijeron que ni siquiera habían arreglado el sueldo que les pagarían”, agregó el funcionario.

La investigación, de confirmarse en la Justicia, revelaría una operatoria de trabajo por la cual algunas grandes marcas contratan talleres legales, que a su vez emplean a otros que trabajan al margen de la ley, violando las normas migratorias y laborales. “La ley de trabajo a domicilio hace responsable a los que dan el trabajo, es decir, a las marcas, por las irregularidades cometidas en los talleres”, precisó Lieutier, al fundamentar por qué el gobierno pide que también se investigue a los propietarios de las marcas.

El gobierno porteño, a través de la Procuración, hizo su presentación penal ante el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas. Por su parte, la Defensoría del Pueblo hará una denuncia similar ante el juez federal Norberto Oyarbide, que tiene a su cargo desde hace dos años una megacausa contra talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires, en la que hay detenidos y procesados.

Los detalles de ambas investigaciones serán informados hoy a las 11, en la sede del gobierno porteño, por el ministro de Producción (de quien depende la Subsecretaría de Trabajo), Enrique Rodríguez, la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, y el titular de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera.

Vera, justamente, fue quien dio inicio a la causa a través de una denuncia presentada en la Subsecretaría de Trabajo y en la Defensoría del Pueblo, el 5 de febrero último. En su presentación sostuvo que la firma Textil Delos, “además de trabajar para grandes marcas, terceriza un 90 por ciento de su producción en diversos talleres clandestinos”, y agregó que uno de los talleres irregulares “sería de propiedad de uno de los dueños” de la empresa denunciada.

La denuncia que presentará hoy Pierini recoge el testimonio de dos obreros de nacionalidad boliviana, que declaran bajo identidad reservada, ya que siguen trabajando en los lugares denunciados. Uno de ellos, que trabaja en el taller de la calle Zelarrayán, contó que “los trabajadores maquinistas cobran cinco pesos la hora, los ayudantes tres, que los que están en blanco cobran eso y no lo que dicen sus recibos de sueldo, y que hay trabajadores en negro y muchos son indocumentados”.

En esa presentación, patrocinada por el abogado Mario Ganora, Pierini pide que se investigue, además de la violación a la Ley de Trabajo a Domicilio y la Ley de Migraciones, “si los obreros de esos talleres estarían sometidos a un régimen de servidumbre por sus patrones”, conducta penada por el artículo 140 del Código Penal con prisión de tres a cinco años. Esto ocurriría porque los trabajadores, al estar indocumentados, quedan entrampados en las condiciones de trabajo (horarios y remuneraciones) establecidas por sus empleadores. Es que, según consta en otras causas vinculadas, “los talleristas y fabricantes habrían recurrido al expediente de hacer traer de la República de Bolivia o contratar extranjeros residentes irregulares en el país para hacerlos trabajar en sus talleres en condiciones de explotación violando las disposiciones de la ley argentina”, dice Pierini en su denuncia.

Las inspecciones realizadas en Textil Delos no detectaron infracciones graves. A diferencia de otros casos, los otros dos talleres, donde se detectaron irregularidades, siguen trabajando y no fueron clausurados. “Uno de ellos estaba habilitado y el otro, el de Alberdi, tiene la habilitación en trámite –argumentó Lieutier–. Las irregularidades en materia de seguridad e higiene que se detectaron no ponen en riesgo la vida y la salud de los trabajadores. Y sobre las infracciones laborales, como la presencia de trabajadores en negro o indocumentados, se labraron actas, pero no correspondía la clausura”.