Martes, 16 de octubre de 2007 | Hoy
SOCIEDAD › EL SENADO TAMBIEN TIENE SU PROYECTO DE MATRIMONIO HOMOSEXUAL
La senadora Vilma Ibarra, segunda candidata en la boleta del Frente para la Victoria, presentará hoy el proyecto para que las personas del mismo sexo puedan casarse. Los fundamentos.
Por Mariana Carbajal
El casamiento gay se mete en la campaña. A menos de dos semanas de las elecciones, Vilma Ibarra, segunda candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires en la lista del Frente para la Victoria que lleva a Cristina de Kirchner como presidenta, presentará hoy en su carácter de senadora un proyecto de ley que sacudirá la siesta que duerme la contienda. La iniciativa modifica el Código Civil e instaura el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt). “El matrimonio es una institución laica y no religiosa. Hay que adaptar esa figura a los cambios que se han dado en la sociedad. Así como años atrás se pensaba que era indisoluble y luego se aprobó el divorcio, hoy en la Argentina hay distintas concepciones de familias: tradicionales, ensambladas y también formadas por personas del mismo sexo. Una familia que se forma en base a elecciones sexuales distintas no afecta los derechos de nadie. El Estado está obligado a no distinguir por su orientación sexual a las personas en el ejercicio de derechos. Hacerlo sería discriminar”, fundamentó el espíritu del proyecto la senadora Ibarra en una entrevista con Página/12 (ver aparte).
Se trata de la primera propuesta que llega al Senado para igualar jurídicamente a las parejas homosexuales que den el “Sí, quiero” en el Registro Civil con las parejas tradicionales formadas por un hombre y una mujer, como se aprobó en España dos años atrás. Será presentado hoy por la mañana y se inscribe en la campaña nacional para conseguir este gran cambio en la sociedad argentina lanzada este año por la Falgbt. El texto lleva sólo la firma de su autora, a diferencia de otro similar que meses atrás inició el trámite parlamentario en la Cámara de Diputados, impulsado también por la entidad, con la firma de veinte legisladores de un amplio abanico partidario, que incluye al socialismo, el Frente para la Victoria, el ARI y la UCR, entre otros. “Los proyectos de estas características corresponden a posiciones muy personales y no a posturas de bloques”, explicó la senadora Ibarra la ausencia de otros apoyos. Esto no significa que no haya senadores que estén dispuestos a acompañar la iniciativa: también sucede que en tiempos de campaña electoral es difícil encontrar a alguno en su despacho. La mayoría está en sus provincias haciendo proselitismo.
El proyecto de Ibarra tiene 34 artículos. Básicamente consiste en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, es decir, los mismos derechos con los mismos nombres. Eso incluye herencia, pensión, derechos alimentarios, obra social y adopción. No se crea una figura nueva, sino que propone la reforma de una treintena de artículos del Código Civil para que en lugar de referirse a los miembros de una pareja casada como “marido y mujer” o “esposo y esposa” o “padre y madre”, se los designe sin mencionar su género como “contrayentes”, “esposos”, “cónyuges”, “padres”.
Sin embargo, el corazón de la iniciativa se centra en la modificación de dos artículos del Código Civil:
- Uno es el 172, que prescribe que “es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer ante la autoridad competente”. La propuesta reforma los términos “hombre y mujer” por “los contrayentes” y aclara que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
- El otro es el 188, que establece el clásico “los declaro marido y mujer”. El texto, en la parte pertinente, dice así: “En el acto de la celebración del matrimonio, el oficial público leerá a los futuros esposos los artículos 198, 199, y 200 de este Código, recibiendo de cada uno de ellos, uno después del otro, la declaración de que quieren respectivamente tomarse por marido y mujer, y pronunciará en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio”. El proyecto cambia la frase “tomarse por marido y mujer” por “constituirse en cónyuges”.
Además de modificar con el mismo espíritu casi treinta artículos del Código Civil que se refieren a derechos y obligaciones que derivan del matrimonio y del hecho de tener hijos bajo ese paraguas jurídico (divorcio, cuotas alimentarias, patria potestad, entre otros), el proyecto de Ibarra incluye como último artículo, una “cláusula complementaria”, en la que se aclara que “todas las referencias a la institución del matrimonio” contenidas en el ordenamiento jurídico argentino –más allá del Código Civil– “se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por dos personas del mismo sexo como al constituido por dos personas de distinto sexo”. Para que no haya dudas ni se generen confusiones de interpretación posteriores. Este aspecto no está contemplado en el proyecto de Diputados.
El texto de Ibarra –igual que el que está en la Cámara baja– también avanza en la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en los matrimonios heterosexuales. Varios artículos (algunos en desuso) mantienen en la letra la discriminación de género, como el que establece que la mujer casada no puede aceptar donaciones “sin licencia del marido”, pero no prevé la situación recíproca. La idea en este caso es directamente eliminar ese párrafo. En otros casos, se pretende “adecuar” las normas para evitar situaciones de discriminación.
La propuesta legislativa tiene una extensa fundamentación. En ella, la senadora Ibarra asume que hay leyes que actualmente son “barreras” que implican desigualdad para el ejercicio de derechos. “En este caso, se trata de una institución crucial y característica de nuestro orden de convivencia que no ampara, sin embargo, la posibilidad de tratar por igual a individuos de distinta orientación sexual. El Estado está obligado a no distinguir por su orientación sexual a las personas en el ejercicio de derechos. Hacerlo sería discriminar. Se trata de remover obstáculos para garantizar la protección de derechos fundamentales como la libertad y la igualdad de las personas, reconocidos por la Constitución nacional y los tratados internacionales incorporados a la misma”, sostiene Ibarra, segunda candidata a diputada por el Frente para la Victoria por la ciudad de Buenos Aires.
Para su redacción, Ibarra y sus asesores contaron con la colaboración de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. La entidad, que agrupa a unas veinte organizaciones de todo el país, viene llevando a cabo desde febrero una campaña para implementar el matrimonio gay en el país. El primer paso fue la presentación de un recurso de amparo en la Justicia para permitir el casamiento en un Registro Civil porteño de María Rachid, presidenta de la Falgbt, y su pareja, Claudia Castro.
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