En una votación histórica, el Senado uruguayo finalmente dio media sanción a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación por propia voluntad de la mujer –y más allá de ese plazo cuando implique riesgo para su vida o haya malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina–, como parte de un proyecto integral de salud sexual y reproductiva. La bancada del Frente Amplio desafió la amenaza de veto del presidente Tabaré Vázquez y con los apoyos necesarios para la aprobación puso ayer en consideración nuevamente la iniciativa, que tres semanas atrás no había podido sancionar por apenas un voto. Esta vez, la votación salió 18 a 13. Tal como adelantó ayer Página/12, a los 15 senadores oficialistas que ya habían dado su respaldo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo se sumaron un legislador del mismo bloque que cambió su voto, y dos de la oposición conservadora, entre ellos el ex presidente Julio María Sanguinetti del Partido Colorado. Ahora el proyecto debe ser tratado por la Cámara de Diputados, donde se especula que se convertirá en ley sin obstáculos.

“Estamos en la mitad del camino. Hasta que no pase el examen en Diputados no vamos a festejar”, dijo anoche a Página/12 la senadora del FA Margarita Percovich, impulsora de la iniciativa junto con su compañera de bancada Mónica Xavier. Pese a la cautela que pretendía transmitir, Percovich no podía disimular su euforia.

El proyecto de ley aprobado por el Senado establece que:

- “En el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que reconoce y protege la presente ley, toda mujer puede decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez” alegando razones de “penuria económica, sociales, familiares o etáreas, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso”.

- La mujer deberá dejar asentada “su voluntad” en el consentimiento informado que tendrá que firmar como parte del procedimiento médico.

- Más allá de las 12 semanas, se despenaliza el aborto cuando la gestación “implique un riesgo para la vida de la mujer” y cuando se verifiquen malformaciones fetales congénitas incompatibles con la vida extrauterina.

- Este derecho se limita a las habitantes de Uruguay, que acrediten fehacientemente su residencia en ese territorio: las argentinas no podrán cruzar el Río de la Plata para acceder a un aborto seguro en el país vecino.

- Las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos de la ley serán consideradas “acto médico sin valor comercial”.

- Todos los servicios de asistencia médica integral, tanto públicos como privados, “tendrán la obligación de llevar a cabo este procedimiento a sus beneficiarias que lo soliciten”.

- Se contempla la objeción de conciencia para médicos y miembros del equipo quirúrgico, pero deberán darla a conocer dentro de los 30 días de promulgada la ley. Si no lo hacen en ese momento, no podrán negarse a efectuar intervenciones.

El proyecto de ley incluye la despenalización del aborto, pero no se limita a ese tema. Se trata de una iniciativa de defensa de la salud sexual y reproductiva muy amplia, que fija las obligaciones del Estado en esa materia, para garantizar el acceso universal a la anticoncepción y la información sobre métodos para prevenir embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual.

“Estoy convencida de que las mujeres deben tener garantizado el derecho a decidir sobre su cuerpo. Es un compromiso de vida que una ley de esta naturaleza se apruebe. Soy médica y he visto la injusticia que es que mujeres jóvenes, de baja condición económica, lleguen a un hospital con una hemorragia o infecciones y prefieran morirse antes que confesar que se han sometido a un aborto”, señaló a este diario la senadora Xavier, autora de la iniciativa. El aborto en Uruguay es delito: está penado desde 1938.

Con la certeza de tener los votos necesarios para la sanción, el FA puso a consideración nuevamente el proyecto. Ganó 18 a 13. En tres semanas cosechó tres votos más. Uno, el del oficialista Alberto Cid, a quien el sector político al que pertenece –Asamblea Uruguay– y cuyo líder es el ministro de Economía Darío Astori, le ordenó apoyar el proyecto. La decisión se tomó el lunes en una reunión del Consejo Político de Asamblea Uruguay. Cid estaba a favor de la despenalización pero en la sesión del 17 de octubre votó en contra, con el argumento de evitarle al presidente Tabaré Vázquez la encrucijada de tener que vetar la ley, tal como ha expresado que hará en varias oportunidades. También apoyaron la iniciativa dos senadores opositores: el ex presidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, y Julio Lara, del Partido Blanco. En la sesión anterior, ninguno de los dos estuvo presente. Tuvieron suplentes: el de Sanguine-tti se había retirado del recinto y el de Lara había votado en contra.

Ayer, se opusieron a la despenalización los bloques conservadores Blanco y Colorado y dos senadores del oficialismo, que alegaron cuestiones de conciencia.

El proyecto tiene que pasar el examen de la Cámara de Diputados y después enfrentar un posible veto del presidente Vázquez. La aprobación en la Cámara baja se descuenta: el FA tendría ya votos suficientes. El lunes por la noche, ya con el sabor del triunfo en la boca, el oficialismo empezó a analizar el momento oportuno de abrir el próximo debate. La idea es que se trate en Diputados antes de fin de año o a más tardar en marzo. Se busca que la discusión esté alejada del clima preelectoral que comenzará a respirarse hacia mitad del año próximo. En Uruguay hay elecciones en 2009.

Los legisladores del FA ya hicieron cuentas: para revocar el veto presidencial deben reunir tres quintos de los votos de la Asamblea General. Si se mantienen las voluntades como hasta ahora, tendrían el pasaporte para desafiar a Tabaré Vázquez. No se descarta que la oposición al proyecto –fundamentalmente corporizado en la jerarquía católica– quiera someterlo a una consulta popular: en Uruguay, cuando se refiere a una ley sancionada, el resultado es vinculante.

De todas formas, el consenso social es amplio, según muestran las encuestas. La última la dio a conocer el 18 de octubre, un día después de la votación del empate, el director de la consultora Factum, Oscar Bottinelli: el 61 por ciento de la población se manifestó a favor de la despenalización del aborto, un 27 por ciento en contra y un 12 por ciento no emitió opinión. De acuerdo a las preferencias políticas, entre los votantes del Frente Amplio, un 72 por ciento dijo apoyar la reforma.

“Esta media sanción es muy importante porque es la primera vez que la Cámara de Senadores tiene una actitud favorable hacia este proyecto integral de salud sexual y reproductiva”, destacó a Página/12 Leonel Briozzo, profesor de Clínica Ginecológica del hospital universitario Pereira Rossell, de Montevideo, el más importante de Uruguay.

“Es un momento histórico. Los legisladores han decidido escuchar lo que los ciudadanos les piden, en un contexto complicado por la posición en contra del presidente. Ahora el desafío es trabajar para que los servicios –una vez que se apruebe la ley– estén disponibles para la atención gratuita en los hospitales”, analizó ante Página/12 la argentina Giselle Carino, responsable del Area Aborto Seguro de la Federación Internacional de Planificación Familiar, con sede en Nueva York, que siguió atentamente el debate en el recinto.