CEPOC*.

“Más visitas periódicas”

Las personas muertas, pobres como sus familiares reprimidos en la puerta de la Alcaidía, eran procesadas. Podrían ser culpables o inocentes. En cualquier caso, sobre ellos se aplicó la pena de muerte sin juicio alguno, y por el rápido expediente del humo negro y las rejas inexpugnables.

Argentina es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. En consecuencia, tiene que rendir cuentas regularmente de sus acciones ante el Comité contra la Tortura, con sede en Ginebra. La última vez que lo hizo, en noviembre de 2004, el Comité dijo que se debían tomar acciones urgentes.

Entre esas medidas, que la Argentina se comprometió a cumplir, se encuentra adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones en los establecimientos de reclusión, reducir el hacinamiento existente; tomar medidas necesarias para garantizar que las requisas personales respeten plenamente la dignidad de las personas.

Si se implementara el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, las organizaciones especializadas en la defensa de las personas privadas de libertad podrían ingresar a los establecimientos de encierro y controlar las condiciones de detención allí imperantes. Tal vez de este modo, con controles cruzados, visitas periódicas y seguimiento de las situaciones conflictivas, evitaríamos que niños y niñas pobres, presos y presas, enfermos mentales y otras personas en situación de encierro sigan padeciendo tortura y maltratos.

* Area de Derechos de Personas Privadas de Libertad del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.

ROBERTO CIPRIANO*.

La masacre de Santiago del Estero integra una larga lista de muertes masivas en el encierro. 33 en Magdalena, 35 en Olmos, 34 en Santiago.

Los mismos reclamos de detenidos que viven en condiciones degradantes, hacinados, sin atención médica, padeciendo la violencia cada minuto. Viendo cómo los guardias la emprenden con sus familias. Desnudan y manosean a mujeres y niños, los someten a revisaciones invasivas, “previenen” el ingreso de sustancias u objetos que luego los propios guardias ingresarán para hacer su propio negocio. Muertos por la quema de colchones, asfixiados, encerrados sin socorro.

Seguir permitiendo que se aloje a personas en condiciones bestiales es una actitud criminal. Y los responsables políticos nunca pagan. Por eso, que echen a las autoridades penitenciarias está bien. Eso sí, habrá que ver si los anuncios grandilocuentes no terminan como en Magdalena, donde los penitenciarios responsables fueron pasados a disponibilidad o retiro obligatorio pero no cesanteados.

Y el Ministerio de Justicia, que ahora envía asesores para integrar un Comité de Diagnóstico y Normalización, debe comenzar a trabajar para prevenir. El primer paso es cumplir con obligaciones que Argentina comprometió y que aún no cumple: crear el Mecanismo Nacional que establece el Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Mecanismo de control cuya función es controlar los lugares de encierro de todo el país, evitar que Olmos, Magdalena y Santiago del Estero sean eslabones en una cadena que no se corta. El Proyecto de ley aún duerme en algún despacho del Ministerio de Justicia.

* Representante de las víctimas de la cárcel de Magdalena y miembro del Comité contra la Tortura.