Alrededor de las siete de la tarde, mientras una comisión de organismos de Derechos Humanos y veedores porteños recorría las instalaciones de la Cárcel de Varones santiagueña y revisaba las marcas dantescas del pabellón 2, donde se desató el incendio, el gobernador Gerardo Zamora sacaba a la luz el decreto 1682, en conferencia de prensa. El decreto mismo ya daba título a la avidez periodística: ordenaba relevar al director del Servicio Penitenciario de Santiago del Estero, Rodolfo Camaño. En su lugar designaba a un comité provisorio de diagnóstico y normalización, integrado por miembros selectos del Servicio Penitenciario Federal. Zamora dio garantías para la investigación judicial sobre las causas que terminaron en la muerte de 32, 33, 34 o más internos (según las versiones, incluyendo la de la gobernación). Y se esforzó por mostrarse neutral respecto de las hipótesis sobre los sucesos, aunque se notaron sus malabarismos por aparecer ecuánime y a la vez benigno con la versión penitenciaria de la fuga, versión a la que denominó la hipótesis oficial. Las causas, de todos modos, podrían bucearse en la historia de la provincia y son una buena radiografía de lo previsible del incendio: al asumir en marzo de 2005, Zamora retiró el control político sobre la corporación policial; detuvo el proceso de apertura de juzgados en el interior; no confirmó a los jueces que en su mayoría hoy están sin nombramiento; y no abrió aún ningún juzgado de ejecución penal, claves para determinar cómo llevan su condena los presos.

Hace cuatro meses que Argentina está en mora con las Naciones Unidas, porque no cumplió el compromiso de crear un mecanismo independiente del poder político, con atribuciones para ingresar en cualquier cárcel del país con conocimiento de causa. Es el método de prevención de torturas, tratos degradantes y situaciones como las que ahora desataron la crisis política en Santiago, aceptado por los países que ratificaron el tratado, incluido Argentina. A la dificultad de cómo conformar ese mecanismo independiente y autónomo, se agrega el problema de que muchas provincias sostienen que el Ejecutivo Nacional no puede entrometerse en las cárceles provinciales. Más allá de las causas puntuales del desastre (si fuga o no fuga), el incendio en la Cárcel de Varones de Santiago podría enmarcarse dentro de esa ausencia de organismos de prevención.

Ayer a Zamora el problema se le dio vuelta como un guante, y podría decirse que en forma extrema: por decreto, reemplazó al director provincial del Servicio Penitenciario por un comité de diagnóstico conformado por expertos federales y aceptó designar más adelante, a la cabeza del servicio provincial, a un penitenciario federal. Para colmo, entre los organismos de derechos humanos surgió la preocupación por una figura del SPF que algunos vieron acompañando la comisión: Hugo Sbardella, denunciado y procesado en su momento por golpear a mansalva a un preso, lo que le impidió ser designado jefe de Devoto, tras las denuncias públicas, pero no ser ascendido a jefe de la Región Noroeste.

Durante la conferencia, el gobernador sostuvo que la remoción de Camaño obedeció a que “hay una autoridad que está siendo investigada y no puede seguir siendo autoridad”. Aclaró que no defiende ninguna de las hipótesis que se dieron a conocer como posibles causas del inicio del motín, aunque de algún modo definió a la versión de la fuga como el “informe oficial”. “Si se confirma el informe oficial una o dos personas hicieron esto para crear un estado de conmoción para la fuga, pero alguien prendió el colchón.” La versión de la fuga, “la oficial”, fue cuestionada no sólo por los presos sino también por los organismos de derechos humanos: “Es inviable que uno o dos presos, para distraer a los guardias y lograr fugarse, enciendan colchones mientras están encerrados con candados”, señaló Luis Garay, de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia, que visitó junto a otras ONG el pabellón incendiado. “Era un cuadro dantesco”, intentó describir.

“El motivo puede haber sido la fuga, como la protesta por la requisa brutal –dijo a este diario un ex funcionario de la intervención en Santiago–. O podría ser que ambos hechos confluyeran o se produjera por la sumatoria de infinidad de hechos. La cuestión es que hay un compromiso del gobernador por investigar en forma independiente. Habrá que ver si puede sostenerlo.”

Los jueces, en Santiago del Estero, todavía están en comisión, no tienen designación. Según el ex funcionario, los juzgados que se fueron abriendo durante la intervención hacia el interior fueron cerrados y sólo quedaron en las localidades más grandes, en la capital, La Banda, Añatuya, Termas y Monte Quemado, donde quedó un juzgado aislado que zafó porque la gente salió a cortar la ruta y tuvieron que dejarlo. El interior quedó aislado de la Justicia, tierra de nadie a disposición del poder político de los intendentes-caudillos.

“No hay nombrados todavía jueces de ejecución penal, que son los encargados de seguir al preso en el cumplimiento de la pena –señaló la defensora oficial ante la Cámara de Apelaciones, Norma Morán, que tiene entre sus defendidos a seis de los presos fallecidos en el incendio–. Había tres menores adultos entre adultos de cuarenta años, y había 26 procesados con 17 condenados.”