Un empresario ingresa por la fuerza a fincas de pequeños productores de Córdoba, exhibe papeles de un remate judicial, los reprime e intenta echarlos de las parcelas donde siempre vivieron. Los campesinos rechazan abandonar sus chacras y resisten el avance privado, pero son denunciados y, finalmente, llevados a juicio penal, acusados de delitos con penas de hasta cuatro años de cárcel. “Nos invaden los campos, nos reprimen y ahora nos quieren meter presos. Es un paso más de la represión que se vive en el campo argentino”, denunciaron desde el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), organización donde militan los acusados. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recorrió la zona en 2006, anunciaba que en el sector rural de la provincia “se produce una sistemática violación de los derechos humanos”. Entre los procesados figura un cura párroco defensor de los derechos humanos.

“Ni un metro más. La tierra es nuestra”, afirmaban las remeras de los once campesinos enjuiciados y de un centenar de familias que esperaban ayer fuera de los tribunales de Cruz del Eje, uno de los departamentos más pobres de la provincia, a 140 kilómetros al noroeste de la capital. Fue la primera jornada del juicio iniciado por la denuncia del empresario porteño Ramón Alberto Mazzeo, que en 1997 adquirió en remate judicial 2000 hectáreas en el paraje Cañada Larga, con animales, sembradíos, viviendas y hasta las propias familias campesinas dentro. Hoy será la segunda audiencia, con los magistrados en terreno, recorriendo los ranchos campesinos, y también será el turno del empresario. Luego los jueces fijarán fecha para la sentencia, que podría ser el próximo viernes o el 30 de este mes.

Carlos Loyola tiene 56 años y cuatro hijos. Siempre vivió en la misma tierra, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, Mazzeo avanzó con topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el empresario Mazzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar denuncias, pero la Justicia tampoco actuó.

En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40 grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed. Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de “daño calificado agravado por delito en banda”, que prevé hasta cuatro años de prisión, a cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Séptimo de Cruz del Eje, integrado por Clara Luna de Manzano, Nancy Ruth Menehem y Angel Francisco Andreu.

Los once acusados declararon ayer. Todos reivindicaron la acción como legítima a derecho (por los años de posesión y por la necesidad del agua) y remarcaron que lo volverían a realizar. “No es justo que las familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de la Justicia y del poder político de Córdoba”, remarcaron desde el MCC.

Desde inicios de la década pasada, Córdoba es una de las provincias con mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de hectáreas, 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en Córdoba. “La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la ganadería y de otros cultivos”, reconoce la Bolsa de Cereales.

Desde el MCC, que integra a nivel nacional el Movimiento Campesino Indígena, afrontan más de un centenar de conflictos, con aproximadamente 100.000 hectáreas en disputa. “Se produce una sistemática violación de los derechos humanos, que padecerían hombres y mujeres de los sectores más vulnerables del campo”, denunció el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en 2006 recorrió los pueblos y parajes de Córdoba. Remarcó que continúa la violencia por medio de grupos armados o del “uso irregular de la fuerza pública” y advirtió que “es el accionar de algunas empresas de agronegocios, una forma de acorralar y presionar al campesino para que abandone el lugar”.