“Disculpe, pero esto me hace acordar al secundario, cuando una maestra me llamó copión”, se le escuchó a Guillermo Tiscornia. “Yo no tenía ninguna vocación por las ciencias exactas: no me gustaban las matemáticas, la biología, ni la química, sí las ciencias sociales, y una vez un compañero me dejó copiar en matemáticas para no hacer un papelón.”

El suspendido juez en lo Penal Económico enfrentó el primer día de juicio político en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia. Un jury de siete integrantes abrió el proceso muy temprano con la lectura de la acusación por “mal desempeño” y con un extensísimo descargo (¡423 páginas!) de la defensa. Tiscornia habló a continuación durante dos horas. Se defendió con los mismos argumentos que lo había hecho hasta ahora y con alguna contradicción, pero fundó su estrategia de defensa en el ataque: llamó “delincuentes” a los directivos de la empresa española de juegos de azar cuya denuncia por sobornos terminó motorizando el juicio político. Y expuso públicamente las internas de su fuero, cuestionando muy especialmente a la Sala B de la Cámara por “animosidad”. Hoy será el turno de la empresa de juegos española.

“Estoy acusado”, aceptó finalmente Tiscornia como un blasón, al cabo de las dos horas continuas y tupidas de disertación. “Pero los que me acusan son el prototipo de delincuente y el prototipo del autoconfeso lavador.”

Referencias aparte, ya estaba terminando el día. Había llegado antes de las 8.30 al edificio de los tribunales de Talcahuano para sentarse puntualmente y todavía con la sala semivacía en el banquillo de acusados. A su lado, se sentó el defensor oficial y en frente, las caras de la acusación: la diputada kirchnerista Diana Conti, el radical Federico Storani y el abogado Santiago Montagna del Colegio de letrados estuvieron ahí en representación del Consejo de la Magistratura que, por unanimidad, en un plenario del 9 de agosto, promovió el proceso y lo suspendió por seis meses. Ante ellos, como los tribunales de la Corte, se sentaron los siete miembros del Jurado de Enjuiciamiento. Presidido por el camarista Emilio Lisandro Fernández, había camaristas, legisladores y abogados. Ellos serán quienes escucharán hasta el jueves los 26 testimonios que restan de la acusación y de la defensa, dado que ayer se escucharon dos: el abogado especialista en derecho aduanero Hector G. Vidal Albarracín y otro abogado, conjuez del fuero y ex camarista subrogante Hugo Pinto. Ambos fueron presentados por la defensa. El Tribunal tendrá veinte días de plazo máximo a partir del lunes para decidir, por cinco votos o más, la remoción del magistrado. Tiscornia fue sometido ya dos veces a juicios antes de 1994 en el Senado, en las causas de la mafia del oro y la aduana paralela. También allí hubo una acusación por supuesto soborno, pero como en ambos procesos salió sobreseído, ahora usa esos argumentos en la defensa.

Para la parte acusadora, la imputación gira en torno de la figura de “mal desempeño” respecto de causas que estuvieron en su juzgado. Una es la de los españoles de Codere SA, quienes lo denuncian por soborno. Otras dan cuenta de una serie de sanciones en su legajo personal y de nulidades impuestas por la Cámara Penal Económica sobre actuaciones en otros expedientes, como en el caso de un despachante de aduana llamado Ulrich a quien sobreseyó copiando textuales de su abogado defensor, como en aquella prueba de matemáticas.

–Señores... me hace acordar al secundario.

Sobre Codere, Tiscornia rechazó la imputación levantada por la empresa contra su padre. Según una denuncia que hicieron pública los directivos españoles el 8 de marzo de 2006, un intermediario y allegado del padre del juez les pidieron 4 millones de dólares para sobreseerlos de una causa de contrabando de máquinas tragamonedas. La denuncia quedó radicada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que desde entonces investiga al intermediario llamado Jorge Bark, un empresario santacrueño, y a Agustín Ortiz Tiscornia, el padre abogado del funcionario judicial. Para la acusación, el padre “está acusado por la justicia penal por pedir coimas y no puede justificar su riqueza personal y el juez recibe préstamos de su padre: ¿qué significa esto?”.

Según el juez, nada. Tiscornia siempre habló de distintas formas de la relación entre su padre y Bark, a quien Codere grabó en un bar con una cámara oculta de sesenta segundos. Tiscornia en ocasiones dijo que su padre lo conocía y otras que no. Ayer dijo las dos cosas. Lo negó en el descargo y, en cambio, habló extensamente de ese vínculo en las dos horas de micrófono personal. En ese contexto, desvinculó a su padre de la denuncia. Explicó que ambos se conocieron en 1998, cuando su padre intervino como abogado en un litigio de divorcio con la ex mujer. “Y disuelto el vínculo de modo amistoso, quedaron en contacto”, dijo el juez. En tanto, habló de su padre con una biografía acorde con los tiempos que corren. En contra de lo que se viene diciendo en los medios sobre su destitución por sobornos, dijo varias veces que estuvo a cargo del juzgado civil Número 11 hasta que un jury lo separó del cargo por supuestas estafas en 1967 y un año más tarde la dictadura de Juan Carlos Onganía lo removió del cargo. Explicó que pasó los 25 años siguientes procesado por estafas hasta que el patrocinio de la propia Diana Conti, recordó, consiguió un aval de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado argentino revise esa situación. En este momento, el padre está indultado, pero la acusación cree en su hipótesis que es algo así como “el cajero” personal de su hijo.

“Lo que no explica la acusación –dijo el juez– es por qué si filmaron con una cámara oculta la primera reunión, no lo hicieron más tarde”, en la reunión del departamento de la calle Talcahuano entre Tiscornia padre, Bark y Juan Cabeza de Vaca Nieto. “En la reunión con esta persona –dijo el juez– se habló de arte pictórico, de la nobleza española y temas de inversiones en común, una versión distinta de la falsa denuncia de cohecho presentada con el único fin de apartarme a mí y al fiscal de la causa.”