La gran escena social francesa está colmada. La huelga de transportes públicos que enreda la vida de millones de ciudadanos desde hace seis días se hizo bola de nieve: al paro de trenes, del Metro y autobuses se le suman hoy dos protestas más que dibujan un movimiento social de gran envergadura: los funcionarios y los estudiantes. Los funcionarios protestan por la pérdida del poder adquisitivo, los estudiantes porque impugnan la ley sobre la autonomía universitaria y los sindicatos de transportes públicos porque el gremio no quiere perder los beneficios de los llamados regímenes especiales de jubilación que conciernen a medio millón de trabajadores y que el gobierno anhela reformar. La convergencia de los tres movimientos no es tácita, pero el correr de los días y las tardanzas tácticas de los sindicatos y el gobierno de Nicolas Sarkozy la volvió explícita.

El Ejecutivo mantuvo ayer su línea de firmeza frente a lo que constituye el núcleo más sólido y más costoso –para los ciudadanos– de la bronca sindical, es decir, la reforma de los regímenes especiales de jubilaciones. El gobierno conservador del presidente Nicolas Sarkozy quiere cambiar el esquema de las cotizaciones que atañen a los regímenes especiales y extender los 37 años y medio actuales a los 40 años válidos en la función pública. El antagonismo pareció que iba a zanjarse rápidamente luego de que la CGT propusiera una negociación no ya global sino empresa por empresa, gremio por gremio, con los tres actores principales en torno de una mesa: empresas, sindicatos y un representante del Estado. Sin embargo, la perspectiva alentadora se quedó ahí y Francia tuvo que seguir a pie. Desde el miércoles pasado, los trenes, las líneas del Metro y los autobuses están fuertemente perturbados, cuando no paralizados por completo. Incluso si la tasa de huelguistas es menos concisa que la semana pasada –64 por ciento contra 26 por ciento actual en los trenes–, para millones de personas el cotidiano trayecto que va del domicilio al trabajo y de éste a la casa se ha convertido en una pesadilla otoñal. Filas y filas de peatones se agitan por París con la mirada puesta en el reloj y temblando de frío.

Según el gobierno, en este caso la ministra francesa de Economía, Christine Lagarde, la huelga de los transportes le cuesta a la economía francesa unos 550 millones de dólares cada día. El gobierno evocó una “dinámica de retorno al trabajo” en los transportes y ello facilita las condiciones de una negociación abierta. Pero el fin de semana resultó un vacío con las líneas del Metro paralizadas, los trenes a cuentagotas y los autobuses fantasma. La gente acepta el sacrificio, muchos protestan, pero también reconocen que la “batalla” de la jubilación pone las cosas en su lugar para que, en el futuro, el gobierno piense dos veces antes de recortar otras tantas conquistas sociales.

En este casi caos peatonal una figura brilla por su incuestionable ausencia: la del presidente Sarkozy. El hiperactivo y tocatodo jefe del Estado no se ha mostrado ante las cámaras de televisión, ni hecho uso de la palabra cuando, en realidad, Sarkozy interviene en todos los asuntos de la república. El omnipresente jefe del Estado está también de huelga. “No hay que gastar la palabra presidencial en medio de un conflicto”, dijo ayer uno de sus allegados. Los motivos que justifican una intervención son numerosos, pero el silencio presidencial parece velar sobre ellos. Mañana empezarán las primeras negociaciones entre los sindicatos, las empresas y el Estado en lo que atañe a la reforma parcial del sistema de jubilaciones y se especula con que Francia siga peatonizada hasta fines de la semana, siempre y cuando la negociación prospere.

Los otros dos focos de tensión harán de hoy una poderosa concentración social. Los funcionarios suspenden sus actividades en protesta contra un proyecto que se traduce en la supresión de 22.900 puestos de trabajo el año que viene y para reclamar mejoras salariales en un sector que, pese a las alegaciones oficiales, no ha visto su salario subir. La convocatoria engloba a más de 5 millones de funcionarios y puede repercutir en gremios sensibles como el de los aeropuertos, cuyos empleados son estatales. A este gran festival también se invitaron los estudiantes. La coordinación estudiantil convocó a los universitarios y a los bachilleres a sumarse a la movilización de la función pública. Los estudiantes, que han bloqueado desde hace diez días 26 universidades, cuestionan una ley llamada de autonomía universitaria que, según ellos, pone en entredicho la dotación presupuestaria de las universidades. Funcionarios, ferroviarios y estudiantes saldrán hoy dispersos, pero ligados por causas convergentes: poder adquisitivo, derechos sociales y enseñanza igualitaria.