A principios del siglo XX era simplemente un paraje más de localidad de Ischilín, a 90 kilómetros de Córdoba capital, pero ya tenía esa impronta virginal que lo convertía en un campo ideal para el cultivo. En la Década Infame llegó la empresa Olivares y Viñedos San Nicolás SA, que montó allí “la más extensa plantación orgánica del mundo”: 100 mil olivos en 1200 hectáreas. Hace 60 años, la firma construyó viviendas para sus trabajadores. También se levantaron una capilla, una escuela que fue cedida a la provincia de Córdoba, llegó la comisaría, el juzgado de Paz y la sala de atención sanitaria. Todo era esplendor para el creciente pueblito rural. Pero hace 10 años, algunas malas cosechas provocaron que la firma hipotecara el predio para cobrar un préstamo del Banco Francés. Nunca se saldó y la deuda actual es de un millón de dólares. Un juez civil porteño decidió que las tierras se remataran. Así, Olivares pasó del auge de la agricultura orgánica a estar al borde de la subasta total del pueblo.

La empresa intentó acordar con la entidad financiera el pago de la deuda con el producto de la próxima cosecha, en marzo de 2008. Serían 800 mil dólares para el banco y 200 mil para pagar las costas del litigio. También los trabajadores se presentaron ofreciendo hacerse cargo del pago del proporcional a las 20 hectáreas –de las 1200 del predio– que habitan. Pero ambas propuestas se encontraron con sendas negativas. Un problema jurídico frena el reclamo de los pueblerinos: los terrenos nunca se parcelaron ni escrituraron a su nombre. Por el lado de la empresa, su presidente, Jorge Pierrestegui, aseguró que un abogado y un martillero insisten en rematar, porque “quieren los honorarios lo antes posible”.

En el marco de esas discusiones, el juez civil porteño Carlos Molina Portela dispuso ayer que el terreno será subastado el 18 de diciembre. En lo que no se expidió fue en lo referente a las dependencias públicas radicadas allí: un juzgado de Paz, una comisaría, una escuela y un centro sanitario. No está claro aún el futuro de esas instituciones ni tampoco el de las 120 casas en las que viven al menos 800 personas. Otro foco de resistencia son los comercios de la zona, que trabajan únicamente con empleados de la empresa y sus familias. Y la capilla.

El intendente saliente de San Nicolás, el radical Manuel Díaz, presentó una medida cautelar que solicita la revisión de la subasta. Frente a la revocatoria de Molina Portela, los abogados de los pueblerinos apelaron la medida, argumentando la violación de derechos humanos y la imposibilidad del Poder Judicial de disponer sobre bienes estatales. Además, los demandantes invocaron “derechos posesorios anteriores al crédito del acreedor hipotecario” –ya que la deuda se contrajo hace una década y hay quienes habitan el paraje desde hace seis– que deben respetarse en virtud de lo dispuesto en convenciones internacionales sobre derechos humanos.

Por su parte, el intendente electo, el también radical Antonio Heredia, aseguró que existe “incertidumbre” y “preocupación” entre los lugareños por la decisión de Molina Portela. Ya había habido un intento de remate el 30 de mayo último, pero el Ministerio de Justicia cordobés intervino y la subasta, si bien no se canceló, se pospuso.