La fiscalía pidió ayer penas de entre tres y ocho años de prisión para los ocho imputados por el contrabando de 58,900 kilos de cocaína a España en un vuelo de la empresa Southern Winds, en septiembre de 2004. Al margen del pedido de condenas, lo más resonante fue que el fiscal Mariano Borinsky solicitó al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 que envíe las constancias del juicio oral a la Cámara del fuero, para que revise el sobreseimiento de los dueños de la empresa, los hermanos Juan José y Christian Maggio, y del ex jefe del aeropuerto de Ezeiza comodoro Alberto Beltrame, padre de uno de los imputados. Borinsky sostuvo en su alegato que hubo un “plan preconcebido” que “favoreció económicamente en forma directa a los imputados” y que se realizó “en una empresa donde eran empleados” algunos de los acusados. Las imputaciones más duras recayeron sobre el matrimonio español formado por José Ramón González Villar y Elena Tomil Batán y en el remisero colombiano Juan Aristizabal Tabares. Para los tres el fiscal pidió ocho años de cárcel.

Borinsky aseguró que la pareja española y el ciudadano colombiano eligieron mandar la droga por SW, aprovechando “los controles laxos y relajados” que volvían “permeables” los aviones de la empresa para realizar el envío de valijas sin pasajeros. Para lograr sus objetivos se apoyaron en los lazos personales que los unían con dos de los empleados acusados, Walter Beltrame, hijo del ex jefe de Ezeiza, y Ariel Tamburrini, para quienes se pidieron cinco años y seis meses de prisión.

El matrimonio español y el colombiano fueron acusados por el delito de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización. Los tres, según la fiscalía, formaban una banda dedicada a comprar droga, para luego “acondicionarla” en Argentina y venderla en Europa. Beltrame hijo, encargado de Pasajeros frecuentes en SW, y Tamburrini, supervisor de tráfico en el aeropuerto madrileño de Barajas, fueron considerados coautores del mismo delito, por lo cual se solicitó cinco años y seis meses de prisión para ambos.

Para los imputados Guillermo Sardi, supuesto nexo entre los distintos eslabones de la cadena de complicidades, y Claudio Baudino, supervisor de tráfico de la empresa, la fiscalía pidió cuatro años y seis meses de cárcel, y para Fernando Arriete, ex jefe de ventas, una pena de tres años efectiva, como “partícipe secundario”. Como Sardi tiene una condena anterior a dos años de prisión impuesta por un tribunal en lo criminal, se solicitó la unificación de la pena en cinco años y seis meses.

El alegato de Borinsky, que comenzó ayer por la mañana y concluyó por la tarde, hizo una dura mención acerca del rol jugado por los directivos de SW, los hermanos Maggio, y por el jefe del aeropuerto de Ezeiza, Alberto Beltrame. El fiscal pidió que se remitan las constancias del juicio a la Cámara en lo Penal Económico para que se deje sin efecto el sobreseimiento de los tres. Esa medida ya había sido apelada en primera instancia, sin que todavía haya una definición al respecto.

Sobre los hermanos Maggio, el titular del ministerio público opinó que como miembros de la gerencia “estaban al tanto” de que SW “infringía todos los procedimientos aduaneros”, al permitir el envío de valijas sin pasajeros. Por ese motivo interpretó que “hubo responsabilidad a nivel gerencial en lo ocurrido”. En el caso de Beltrame, el fiscal recordó que una vez desatado el escándalo buscó filmaciones de los hechos, pero no hizo ninguna denuncia pese a que como funcionario público estaba obligado a hacerlo. Consideró, además, que el jefe de Ezeiza tenía un trato “desmedidamente preferencial” con el matrimonio español que está siendo juzgado y que ya tiene una condena a diez años de cárcel, en España, por un contrabando similar cuyo destino fue la ciudad de Cádiz.

Citando constancias del juicio oral, Borinsky sostuvo que durante sus viajes a Buenos Aires, el matrimonio español ingresaba a las áreas restringidas del aeropuerto y era llevado en un vehículo oficial, por orden de Beltrame, con quien los españoles salían a cenar y compartían eventos sociales. “Beltrame sabía de la existencia de un ilícito y por acción u omisión” no lo denunció.

Al prestar declaración indagatoria, Fernando Arriete declaró ante los jueces que conoció a un hombre “al que veía por primera vez” y que quería hablar con Juan Maggio “porque tenía intenciones de hacer una inversión en la empresa”. Cuando le preguntaron quién era esa persona, Arriete se dio vuelta y miró hacia el lugar que ocupan los imputados: “Ese señor que está ahí”, dijo señalando al español González Villar.

La fiscalía sostuvo que hubo un “plan coordinado” para cometer el “ocultamiento de droga con fines de comercialización”, mediante el cual se hizo el envío de cuatro valijas con 58,900 kilos de cocaína, valuada en el mercado minorista europeo en cuatro millones de dólares. resaltó. Si bien se está juzgando un “hecho puntual”, la operación estuvo a cargo de una “organización criminal”. El pedido fiscal se escuchó luego de tres meses de juicio oral. La audiencia se reanudará el 4 de diciembre próximo, cuando se escucharán los alegatos de las defensas. Antes, la querella había pedido penas similares a las que requirió el fiscal, de hasta ocho años de cárcel.